Cerca de cien elementos armados con pistolas y rifles de largo alcance de la Policía del Estado de Puebla tomaron la Universidad de las Américas Puebla el pasado martes 29 de junio. El rector de la UDLAP, el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, equiparó el acto con la toma violenta de la UNAM en 1968. En ese entonces, señaló Derbez: “violaron de esta manera la autonomía institucional, pero también violaron la vida académica de todas las instituciones en nuestro país, de todas las universidades […] El día de hoy hemos visto una repetición de este acto”.
Con el argumento de ejecutar una medida cautelar establecida en el oficio 2383 firmado por el Juez Segundo de lo Civil del distrito judicial de Cholula, Puebla, José Cuauhtémoc Blázquez Guevara, la policía irrumpió en la universidad para “ponerla en posesión del Patronato de la Fundación Universidad de las Américas Puebla por conducto del C. Horacio Magaña Martínez, en su carácter de Presidente de dicha fundación”. Un juez de la Ciudad de México fue quien otorgó la posesión de la institución a un “nuevo patronato” y realizó un exhorto para que el juez de Cholula pidiera el auxilio de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. El hecho es denunciado por el rector Derbez como “ilegal” y “arbitrario”, ya que el patronato de la Fundación Universidad de las Américas Puebla, conformado por integrantes de la familia Jenkins, y la propia UDLAP cuentan con dos suspensiones otorgadas por jueces federales en contra de la remoción de dicho patronato.
Un día después de lo ocurrido, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, reiteró que fue una diligencia ordenada por un juez de la capital del país, pero omitió que el intento por imponer un “nuevo patronato” de la Fundación Universidad de las Américas Puebla fue emprendido por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, la cual por ley esun órgano administrativo desconcentrado por función, jerárquicamente subordinado al Poder Ejecutivo del Estado.
Dicha Junta removió a los “anteriores patronos”, es decir a la familia Jenkins,bajo el supuesto de que no podían continuar siendo parte del patronato por presuntas órdenes de aprehensión en su contra giradas de una disputa legal que involucra a otra fundación creada en 1954 por su abuelo, William Oscar Jenkins: la Fundación Mary Street Jenkins. Sin especificar los criterios legales de la selección, la Junta nombró a cinco personas sin antecedentes con la universidad y sin arraigo en Puebla: Horacio Magaña, Adalberto Ramos, Ernesto Lunaparra, Pablo Jiménez y Luis Gabriel Oaxaca, para integrar al que se ostenta como “nuevo patronato”.
La UDLAP permanece tomada por fuerzas de seguridad estatales y como resultado de una supuesta auditoría fast track,el “nuevo patronato” denunció por delitos que incluyen lavado de dinero y delincuencia organizada a integrantes de la familia Jenkins, al rector Derbez y a dos vicerrectores de la universidad, entre otros. El enérgico llamado para que se respete el Estado de Derecho y la unánime exigencia para que se saquen las armas de la casa de estudios; donde lo único que debería de imponerse es el libre pensamiento, la transferencia de conocimiento, el diálogo circular y el debate plural de ideas, se han extendido como reguero de pólvora entre buena parte de la comunidad universitaria y varios sectores de la sociedad poblana como rectores de otras universidades y organismos empresariales.
A más de una semana de distancia, la única certeza que se vislumbra es que cuestionables acciones judiciales y gubernamentales que involucran autoridades e intereses no esclarecidos han puesto bajo amenaza y riesgo a una de las instituciones académicas de mayor prestigio local, nacional e internacional. Ni más, ni menos.
El autor es internacionalista, periodista y analista político.
