La nueva Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza indica cómo y cuándo las fuerzas de la seguridad en México pueden hacer uso de la fuerza, pero ¿cuáles son sus implicaciones para los derechos humanos?
Aunque estas autoridades tienen el poder exclusivo de utilizar la fuerza en ciertas situaciones para hacer su trabajo, esta ley, que fue aprobada en mayo, tiene varios problemas que ponen en riesgo la seguridad de todas las personas en México:
1. El uso de la fuerza letal no está limitado
La ley no aclara que las fuerzas de seguridad solo pueden quitarle la vida a alguien si esa persona está a punto de quitarle la vida a otra u otras personas.
2. La ley permite muchos tipos de armas sin especificar cómo y cuándo se pueden usar
La Ley no prohíbe el uso de bastones y cinturones de electricidad. Estas armas no ayudan a hacer cumplir la ley, solo causan dolor y podrían usarse fácilmente para la tortura y el maltrato. Este tipo de armas deberían estar prohibidas siempre.
Por otro lado, hay armas que, aunque podrían ser utilizadas de manera legítima en algunas situaciones, pueden lastimar a muchas personas a la vez, como mangueras de agua a presión y explosivos. La ley no pone límites de cómo y cuándo está permitido usar estas armas y esto puede poner en riesgo a cualquiera que esté cerca de la zona en la que se utilicen.
3. La ley no exige usar la fuerza mínima
Una autoridad puede usar distintos niveles de fuerza para poder resolver una misma situación. La ley no indica que las autoridades deben hacer todo lo posible para evitar usar la fuerza y, si eso no es posible, para usar la menor fuerza necesaria para hacer cumplir la ley.
4. La ley no habla de protección a terceras personas
En una situación de riesgo, cualquier persona puede resultar afectada por el uso de la fuerza de las autoridades, pues la ley no ordena que las autoridades protejan a las personas que no representan un riesgo o amenaza.
5. La ley pone en riesgo las manifestaciones pacíficas
La ley dice que no se hará uso de la fuerza si la manifestación es con fines legítimos. Sin embargo, no importa cuál sea la razón de la manifestación, las autoridades no deben usar la fuerza para acallarla. Esto pondría en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la libertad de reunión pacífica. Solo se puede usar la fuerza contra quienes recurran a la violencia o pongan en peligro a otras personas. En estos casos, solo se debe usar la fuerza necesaria para lograr control de la situación.
La ley tiene que ser precisa para que las autoridades tengan claro cómo deben actuar en cada caso específico. México necesita mejores leyes para tener un país más seguro.
Campaigner para México de Amnistía Internacional
