La corrupción es un problema complejo que trasciende fronteras cuyas consecuencias nos afectan a todos, ya que reduce el desarrollo económico, limita el acceso a la procuración de justicia e impide obtener servicios públicos de calidad, poniendo en riesgo la vida y el bienestar de miles de personas, e incluso, puede dañar al equilibrio ecológico y a la biodiversidad. La naturaleza y características de este fenómeno son altamente complejas, ya que hoy en día, es una problemática que genera verdaderas redes transnacionales que involucran a diversos actores y grupos con una gran capacidad económica e influencia en distintas esferas.
Desde la óptica de mi formación, que es la de un economista, la corrupción puede definirse como una unidad de maximización de la utilidad de una persona, que surge cuando se presentan las siguientes condiciones, como la detentación de un poder, discrecional y sin vigilancia o control; el cual se ejerce en beneficio propio o de un interés en particular y la colusión de dos o más actores o participantes. Además, existe un proceso de racionalización, los participantes ponderan los costos y los beneficios de estas transacciones, si los beneficios probables superan los costos y existe un riesgo bajo a medio de ser detectados, se incrementa la posibilidad o el riesgo de que el acto corrupto se produzca.
Este esquema es constante y puede presentarse en cualquier relación o interacción entre personas, grupos y organizaciones, independientemente de su escala, adscripción o rol. Además, debemos tener claro que las consecuencias más graves de la corrupción son la apropiación indebida de un bien público y la generación de un espacio al margen del control institucional, en el cual, un interés personal o de grupo se antepone al interés general.
Ante este panorama, no debemos conformarnos con interpretaciones sesgadas o soluciones simplistas. Es necesario tomar en cuenta los factores antes señalados y no limitarse al establecimiento de instrumentos sancionatorios. No debemos enfocarnos exclusivamente en la imposición de penas, también es necesario adoptar un enfoque estructural, en el que se combinen de manera armónica controles suaves, que nos ayuden a propiciar una cultura de integridad y que fortalezca el “músculo moral” de los servidores públicos y la ciudadanía, lo cual ayudará a prevenir los actos de corrupción, con controles duros, con las facultades y atribuciones necesarias para detectar, investigar y sancionar de manera efectiva los actos de corrupción y desalentarlos.
Además, es necesario considerar medidas para desarticular las redes de intereses y complicidad que favorecen el surgimiento de irregularidades. El objetivo debe ser eliminar los incentivos perversos, y reducir lo que propicie que las personas consideren que cometer un acto irregular es una alternativa viable debido a la baja probabilidad de ser detectados y sancionados.
Afortunadamente, la experiencia nos muestra que la intervención decidida y comprometida de las autoridades y la ciudadanía es indispensable para encontrar vías y alcanzar resultados sustanciales en la lucha anticorrupción, cuando existe conciencia de la necesidad de frenarla y se asume seriamente el compromiso de emprender las acciones para lograrlo.
En este sentido, es necesario consolidar los esfuerzos ya emprendidos en el combate a la corrupción a través del fortalecimiento y mejora de los mecanismos para identificar actos de corrupción, elevar significativamente el costo de incurrir en este tipo de prácticas y crear alternativas para asegurar que tanto servidores públicos como ciudadanos actúen dentro del marco de la legalidad, que contemple medidas a corto, mediano y largo plazo. Es un esfuerzo constante.
La fiscalización superior requiere además del desarrollo tecnológico, poder combinar las auditorías concurrentes o en tiempo real, con un fuerte impulso a la prevención, con las posteriores donde el objetivo incluye por supuesto, las sanciones.
Auditor Superior de la Federación, extracto de las palabras en el evento realizado en la Cámara de Senadores, el Día Internacional contra la Corrupción.
