La noticia de moda es que el poder judicial buscará evitar lo que, sostienen, es una sobre representación de Morena en el congreso. ¿Defienden a la Constitución? ¿Defienden el voto popular? ¿O defienden la posición privilegiada que tienen? Ejemplo de ello es uno de los fideicomisos que cubre los gastos de limpieza de los altos magistrados del poder judicial. Tal vez defienden el negocio familiar en que para muchos funcionarios se ha convertido este poder.
Cualquier persona, física o moral, que ha pasado por un litigio sabe lo tardado que es el proceso. Realizar un juicio toma años. Algo tan elemental como ampararse toma semanas o meses antes de ser aceptado. Puede deberse a exceso de trabajo o incompetencia, pero lo que es un hecho es que la administración de justicia en este país es lastimosamente lenta. En ocasiones no vale la pena defender los derechos en tribunales por lo lento de los procesos y sentencias. Independientemente de las causas, los resultados están a la vista. El Poder Judicial nos ha quedado a deber mucho.
En 1994 el entonces presidente Ernesto Zedillo reemplazó a la totalidad de magistrados del Poder Judicial y redujo de 26 a 11 el número de magistrados. No hubo tanta resistencia ni indignación de este poder contra el ejecutivo como está ocurriendo ahora. La resistencia al cambio que muestra este poder es señal de independencia y contrapeso al ejecutivo. Sin embargo, esto no se refleja en una eficaz y expedita administración de justicia.
Se ha vertido mucha tinta, o contemporáneamente bites de información, respecto a los excesos presupuestales de este poder. Lo lamentable es que probablemente son solo quienes poseen altos cargos los que tienen elevados niveles de ingreso y el resto de los que laboran, y hacen gran parte del trabajo duro, tienen, en el mejor de los casos, un ingreso decoroso, pero no de escándalo. Sin tener datos duros me inclino a pensar que quienes ensamblan expedientes, estudian y analizan la información contenida en ellos no tiene el mismo nivel de ingreso y prestaciones que los altos magistrados. Reducir el nivel de ingreso de éstos últimos podría liberar recursos para contrata a más personal, que ayude a agilizar la administración de justicia.
El Poder Judicial enfrenta a dos enemigos fuertes: el ejecutivo y el legislativo. Durante la actual administración los tuvo permanentemente, pero logró resistir los embates de ambos gracias a que en el legislativo no había mayoría calificada. La nueva legislatura está muy cerca de alcanzarlo, lo que implica la posibilidad de realizar cambios constitucionales, que podría provocar que diversas sentencias cambien. Así es que lo que buscan es que el partido ganador no tenga mayoría para reducir los riesgos de tener estos cambios en la carta magna.
Aunque en apariencia son dos poderes contra uno, el enemigo siempre ha estado en casa: los excesos, el nepotismo y la lentitud entre ellos. Diversas voces se alzaron desde hace años, yo mismo en este espacio, señalando que el Poder Judicial se tenía que ver al espejo con ojos críticos y modificarse desde dentro para evitar que fuerzas externas lo obligaran a cambiar. No lo hicieron. Finalmente, esas fuerzas se están materializando y forzando el cambio de este poder.
No está dicha la última palabra respecto al posible cambio que esta estructura tendrá. Como en cualquier cambio drástico, existen riesgos. Por eso es importante que no lleguen al puesto de jueces personas improvisadas y sin el conocimiento necesario para realizar esas actividades. El filtro debe ser muy fino, para que los puestos importantes sean ocupados por los perfiles profesionales correctos, tanto en la formación profesional como moral, pues sería imperdonable que una persona que ejerce violencia familiar o que haya sido castigado por algún delito ocupe alguno de esos cargos. El cambio se avecina. Tal vez el solo hecho de que los poderes estén dando este triste espectáculo es una prueba de ello.
Docente de la maestría en Economía, FES-Aragón-UNAM
