El consumidor final es, las más de las veces, el gran ausente en negociaciones que implican producir algún bien o servicio que tarde o temprano llegará hasta él. El TLCAN es un claro ejemplo de ello, fue un tratado donde no solo los consumidores finales estuvieron ausentes, sino también las micro y pequeñas empresas; por su parte, el T-MEC tiene, dentro de sus virtudes, reconocer la existencia de estos últimos, pero el consumidor final sigue siendo el gran ausente. La PROFECO es, en México, el órgano público encargado de proteger al consumidor final, pero para ello es necesario que éste, realice una querella para salvaguardar sus derechos. Un mecanismo de reciente aprobación es el etiquetado de productos alimenticios a través de una Norma Oficial Mexicana. El objetivo es proteger al consumidor, pero la industria ha protestado a niveles de escándalo.
Gran parte de la población del país tiene problemas alimentarios. No sólo es desnutrición sino, en gran medida, malnutrición. Esto es que no se consumen algunos nutrientes de modo suficiente, mientras que otros se consumen en exceso. Muchos productos empaquetados tienen exceso de grasas, azúcares, y/o carbohidratos, que se reflejan en un problema de sobre peso en gran parte de la población y representan un problema de salud pública.
La NOM 051 busca que los productos alimentarios dirigidos al consumidor final tengan un etiquetado claro, que permita al consumidor darse cuenta de lo que está ingiriendo, y que, con esos elementos decida o no adquirir el producto. Gran parte de la industria ha señalado que el etiquetado es un exceso y que esto podría reflejarse en la disminución de las ventas, con el consecuente costo en ganancias y a su vez empleos. Aunque el riesgo planteado es real, lo que tendrían que hacer es producir alimentos más saludables.
El etiquetado actual no es lo suficientemente transparente como para que el ciudadano ordinario sea consciente de los ingredientes que está consumiendo. El empresario lo sabe. La actitud que muchos están tomando implica que les conviene que el consumidor no tenga toda la información. Visto así, la NOM 051 busca proteger al consumidor. No pretende prohibir la producción de alimentos y bebidas, tan sólo busca que el consumidor decida, con información de por medio, si consume o no dicho bien.
La responsabilidad social es un tema que llegó al mundo empresarial hace muchos años. El cuidado del medio ambiente y crear condiciones dignas de empleo son parte de esta responsabilidad. La nueva NOM es en realidad una oportunidad para que la industria demuestre que es socialmente responsable al producir alimentos, o golosinas, saludables o al menos dar información al consumidor para que decida adquirirlo o no. Lamentablemente lo están haciendo de otro modo. El sector público, en este caso la Secretaría de Economía, está tomando medidas que buscan proteger al consumidor. Al final del día, esa es su labor más importante.
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Una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió la puerta para que la pensión máxima posible alcanzada por el IMSS sea no de 25 salarios mínimos sino 10. La población que alcanza un nivel de ingresos superior a 10 salarios mínimos es inferior al 10%. Los que se encuentran
entre 10 y 25% son en realidad muy pocos comparados con el total de cotizantes. Algunas publicaciones han insinuado que las pensiones se recortarán en 60%, pero ello sólo ocurrirá en los casos en que la pensión se encuentre por encima de los 10 salarios mínimos generales, es decir, en menos del 90% de los cotizantes. El actual Gobierno ha afirmado que no se recortará ninguna pensión. Sin embargo, la puerta está abierta. Los próximos Gobiernos, probablemente con menos recursos financieros que el actual, tal vez no sea tan benevolentes. Lo mejor es tomar medidas individuales que ayuden a tener una vejez digna: invertir en inmuebles, metales e instrumentos financieros es un camino.
