El Gobierno de la llamada 4T está abordando un problema que no se ha resuelto desde la reforma que entró en vigor en julio de 1994 y que dio lugar a una nueva industria: la de las Administradores de Fondo para el Retiro o Afores. En su momento, la reforma generó altas expectativas y se asumió como la solución para el problema de las finanzas del IMSS . Sin embargo, 25 años después es evidente que el entonces nuevo sistema no tuvo el éxito esperado, no solo los pensionados no tienen una pensión decorosa, sino que además se transfirieron recursos de las cuentas de los trabajadores a las Afores : el sistema permitía cobrar a los trabajadores tan pronto caían los recursos a la cuenta. Bajo cierta óptica, el sistema de 1994 se podría ver como un gran fraude a millones de trabajadores, que no podrán acumular lo suficiente para recibir una pensión digna, sin embargo, se han transferido millones de recursos a la Afores a través de los cobros que la ley permite.
Ahora las cosas empiezan a cambiar. Diversos circulos se encuentran expectantes , se han generado inquietudes, cuando no abiertamente temor, de que el mercado de Afores pueda acabarse por decreto. No está ocurriendo así, de hecho, hasta el momento en la iniciativa no se menciona que las Afores estén en riesgo de desaparecer. Tal vez es algo deseable, de modo tal que se tengan sólo una o dos Afores públicas, como los es PENSIONISSSTE que administren las cuentas individuales de los trabajadores. Pero el actual Gobierno no quiso llegar muy lejos.
Se decidió en su lugar, plantear una serie de puntos que complementaría al sistema actual pero no lo acabaría. Concretamente, se mención tres temas importantes: 1. Incremento al 15% de las contribuciones, la carga cae en el sector privado, es decir, en las empresas en su papel de patrón. Si bien la medida puede ser plausible, es previsible que el nivel de empleo caerá o bien se incrementará el empleo informal; 2. Reducción de semanas de cotización de 1250 a 750 lo que equivale a cotizar 15 años como requisito para pensionarse. Posteriormente se elevará a 1000 semanas o 20 años de cotización. Esto definitivamente tendrá un impacto en finanzas públicas, concretamente, con mayor gasto en pensiones; por último, 3. Se plantea incrementar la pensión mínima garantizada para que la pensión recibida permita estar por encima de la línea de pobreza.
No hay claridad total respecto a de dónde se obtendrán recursos para el inminente incremento en gasto que tendrá el sector público . La pregunta forzada es ¿Con qué fondos? Si esto no se contempla en la reforma, será un cúmulo de buenas intenciones y probablemente sólo se estará llevando el problema a las siguientes generaciones.
Incrementar el ahorro es un buen comienzo, pero al esfuerzo deben sumarse tanto trabajadores como Gobierno Federal. Las comisiones que cobran las Afores en ocasiones han llegado a niveles de escándalo, aunque en sus inicios sostenían que “solo” cobrarían el 1.7% del Salario Base de Cotización (SBC) , el depósito mensual era de 6.5% del SBC por lo tanto las Afores llegaban a cobrar más del 25% de lo depositado y tenían a millones de clientes cautivos. Esto es a todas luces tan escandaloso que se debe acabar. Las comisiones cobradas deben regularse para evitar que el sistema financiero se siga enriqueciendo a costa de los trabajadores. Es curioso que una de las razones por las que el sistema se reformó es que el IMSS no ahorró sus administradores “desaparecieron” los fondos destinados a las pensiones. En el nuevo sistema , ahora no es el IMSS, son las Afores las que, con todas las de la ley, podían cobrar cifras escandalosas y no han permitido que la mayoría de los trabajadores tenga una pensión digna.
Por último, en el país hay decenas de sistemas de pensiones. El IMSS y el ISSSTE son las entidades encargadas de otorgan pensión a la mayoría de los trabajadores; pero existen los sistemas de pensiones de los Estados, Fuerzas Armadas, etc. Una Reforma debe permitir portabilidad total. En un país donde un trabajador puede migrar del sector público al privado y, en ocasiones, a Gobiernos Estatales, es necesario permitir que los trabajadores no pierdan los derechos ni los ahorros al cambiar de trabajo. La riqueza acumulada pertenece al trabajador y la debe poder usar llegado el momento del retiro, sin que ello implique que al cambiar de empleo a otro pierda lo acumulado. La portabilidad se podría incorporar al Sistema Nacional de Pensiones y podría ser parte de la desactivación de estas bombas de tiempo que son las pensiones.
