El sexenio que recién termina, comenzó reduciendo el sueldo de muchos funcionarios públicos. La llamada “burocracia dorada” no podía tener un ingreso superior al Presidente por mandato constitucional. Esto se aplicó a la administración púbica federal, no así a organismos autónomos ni al poder judicial, que resistieron a través de amparos y lograron conservar los beneficios económicos que la autonomía les otorga. Quienes se ampararon sabían que se estaban oponiendo al poder ejecutivo, sabían que el presidente muy probablemente no se quedaría con los brazos cruzados. No es un adversario menor, tanto así, que en la recta final de su mandato ha puesto en jaque al poder judicial mientras que los organismos autónomos siguen en la mira.
Se ha vertido mucha tinta respecto a la Reforma del Poder Judicial. Existen tanto elementos a favor como en contra. En chats y grupos privados de abogados los debates son a muerte. De ningún modo se puede decir que aún entre especialistas del Derecho se tenga consenso alguno. Tal vez un punto en común es que el poder judicial necesitaba un cambio. La mayor parte de las controversias se centra en hacia donde tenía que hacerlo y si se debía empezar por el Poder Judicial Federal o si se debiera empezar por los Poderes locales. Es decir, de arriba hacia abajo o al contrario. Algunos sostienen que en realidad los tres poderes son los que tienen que cambiar.
Es un hecho indiscutible que no sólo es una cuestión técnica, sino también política. Un poder que se atreve a decir que no a otro poder es, en el mejor de los casos un contendiente político. El Poder Judicial se opuso a diversas reformas presentadas por el ejecutivo, entre ellas, la energética. Por lo tanto, se fue pavimentando el camino que nos trajo hasta donde estamos.
El Poder Judicial no fue el único que se opuso. Los funcionarios de organismos autónomos se opusieron a ver reducidos sus ingresos en efectivo y en especie, igual que los magistrados del Poder Judicial. Por su naturaleza, no son considerados parte de la administración pública federal, por lo que había forma de eludir, a través de amparos, la reducción de sus ingresos. Muchos así lo hicieron. Con ello, se estaban confrontando con el mismo presidente, un rival nada pequeño.
La visión del actual Gobierno definitivamente difiere de la de administraciones anteriores. Bajo su óptica, los organismos autónomos son, al menos la mayoría, instituciones creadas para favorecer a los grandes consorcios corporativos y con poco o nulo beneficio para el grueso de la población. Es una forma totalmente distinta de entender el funcionamiento de la sociedad y de la economía. Así es que se crearon las condiciones para poner en la mira a estos organismos: funcionarios que se resistieron a perder sus canonjías y además una visión donde estos organismos representan un gasto inútil que duplica actividades que el sector público ya realiza o tiene dentro de sus funciones.
En diversos foros se ha mencionado que los resultados de las elecciones pasadas sorprendieron tanto a la oposición como al actual Gobierno. Se logró tener mayoría para hacer cambios constitucionales y con ello el ejecutivo sumó otro poder: el legislativo. Por simple mayoría era evidente que el Judicial tenía a dos poderes en contra, igual que ahora los organismos autónomos. El desenlace no será sorpresa. Es una contundente mayoría la que en el congreso apoya las reformas que se propusieron desde inicios de año. Al respecto definitivamente no hay sorpresa.
Diversas voces afirman que se están destruyendo décadas de esfuerzos. Algunas voces decían lo mismo cuando, en la década de los ochenta y noventa, el Estado redujo su nivel de participación en la economía para cederlo al mercado. Ahora nos encontramos en el proceso inverso: más Estado y muy probablemente menos mercado o bien, regulado. Los resultados de esta política, en opinión de muchos, será un auténtico desastre. Otros pensamos que esto está por verse y que pasarán al menos dos décadas, antes de saber si tuvimos o no alguna mejoría.
Docente de la maestría en Economía, FES-Aragón-UNAM