La semana que comienza se dará a conocer la propuesta de iniciativa legal referente a las pensiones, señalando que aquellos que cumplan los requisitos de edad y semanas cotizadas puedan recibir una pensión equivalente a su último sueldo. Medida a todas luces popular. Rentable políticamente, tanto así que las principales fuerzas políticas se han manifestado a favor. Pero esto no necesariamente es lo que conviene a la mayoría y posiblemente no es financieramente viable. Tendremos que esperar a conocer los detalles de la propuesta para poder determinar sus alcances. Sin embargo, hasta el momento parece favorecerse a los que ya gozan de una pensión, pero aún se ha ventilado muy poco sobre la población que no tiene acceso a seguridad social, tampoco se ha dicho mucho sobre la portabilidad del resto de sistemas de pensiones que hay en el país.
Ya existe la posibilidad de que los trabajadores independientes o eventuales se puedan registrar ante el IMSS para tener los mismos derechos que cualquier trabajador cotizante del régimen general, pero el número de inscritos por esta modalidad no es tan grande como para pensar que la mayoría de la población económicamente activa cuenta con seguridad social. El empleo informal sigue siendo enorme y además creciente en nuestro país. Esta parte de la población al parecer está siendo ignorada, por lo menos en lo que se lee en prensa. Tendremos que esperar a conocer la iniciativa para ver si los olvidados de siempre dejan de serlo y se busca alguna manera de incorporarlos a la red de seguridad social.
Un tema pendiente de hace décadas es la conformación de un sistema nacional de pensiones que permita tener portabilidad total. Actualmente existe la posibilidad de que trabajadores que cotizaron en el IMSS y en el ISSSTE puedan sumar acumulativamente sus semanas, pero bajo condiciones muy restrictivas. Adicionalmente, en el país existen simultáneamente muchos sistemas pensionarios, de hecho, la mayoría de las entidades federativas cuenta con su propio sistema de pensiones independientes al IMSS y al ISSSTE. Los Estados están enfrentado sus propios problemas financieros derivados de la insostenibilidad de sus sistemas de pensiones, hay dos que son de sobra conocidos: Estado de México y Zacatecas. Un sistema nacional de pensiones podría ayudar a que los trabajadores no perdieran sus derechos al dejar de cotizar en un organismo y hacerlo en otro.
Las condiciones para poder recibir una pensión no son tan fáciles de cumplir; aún en la Ley del IMSS de 1973, que es por mucho más generosa que la de 1997. El Infonavit hace años permite sumar “puntos”, semanas cotizadas, o fondos de ahorro, para que una pareja pueda adquirir una vivienda mancomunando las cuentas. Ni el IMSS ni el ISSSTE lo permiten. Con la reforma se podría permitir que las semanas de cotización de algún matrimonio se pudieran sumar y recibir mancomunadamente una pensión. Existen casos en que los cotizantes pierden todos los derechos; con la suma, se podría recuperar cuando menos una pensión.
El otro lado de la moneda muestra el panorama fiscal. En este momento es evidente que el sistema privado fracasó estrepitosamente en el objetivo de otorgar una pensión digna. En no pocos casos al trabajador le conviene ceder sus ahorros a cambio de recibir la pensión mínima garantizada con cargo al IMSS. Hasta el momento no se puede decir que el sistema basado en Afores haya logrado el objetivo de otorgar una pensión digna, por lo que el IMSS es quien debe pagar, al menos parcialmente, parte de la pensión. Una reforma que otorgue una pensión del 100% del último sueldo o que incremente al número de trabajadores definitivamente tendrá un impacto fiscal, quizás insostenible en el largo plazo. No se trata de un tema menor, pues pude poner en jaque al país entero. Esto, sin embargo, no significa que la reforma se deba detener. Hay mucho por corregir, pero se debe actuar con cautela porque de otro modo podríamos encaminarnos a un endeudamiento público como no lo hemos visto en décadas, que podría traducirse en crisis económica.
Docente de la maestría en Economía, FES-Aragón-UNAM y UDLAP Jenkins Graduate School.
