El credo neoclásico, o neoliberal, sostiene que los Gobiernos deben intervenir lo menos posible en la economía y permitir que el sector privado sea el responsable de comprar, transformar y producir la totalidad de bienes y servicios en la economía. En el extremo, sólo debería existir la Secretaría de Hacienda y las fuerzas armadas que contribuyan a mantener el orden interno y externo. Sólo eso. El resto de las funciones que, en la práctica tiene el Estado no deberían existir, pues todo lo resuelve el mercado. Bajo la misma óptica, la burocracia no es más que un lastre para la producción de bienes y servicios, por lo que debería eliminarse. Llama poderosamente la atención que gran parte de la política neoliberal consistió en la venta de empresas que antaño eran públicas, dejando apenas unas cuantas, pero ahora que el ejecutivo ha decidido reducir todavía más el tamaño del Estado proponiendo la eliminación de algunos organismos, los mismos neoliberales que antes fueron congruentes con su doctrina ahora digan que reducir el tamaño del aparato estatal es algo peligrosamente equivocado.
Los que tenemos memoria de al menos la década de los ochenta, recordamos que durante algún tiempo existieron muchas empresas públicas. Una cadena de cines que era propiedad pública, hoy se encuentra en manos privadas. Lo mismo ocurrió con otras empresas de propiedad estatal como la Siderúrgica Lázaro Cárdenas y fábricas de juguetes como la que producía los productos marca “apache”. La venta de muchas de estas empresas inició con Miguel de la Madrid y continuó con Carlos Salinas de Gortari. Durante ese tiempo los defensores del libre mercado defendieron a capa y espada la reducción del aparato estatal.
Se privatizaron aerolíneas, ingenios azucareros, carreteras y bancos entre otras empresas. Al pasar a manos del sector privado, muchas quebraron y debieron ser rescatadas por el sector público. Se inició con la socialización de las pérdidas. Esto sólo evidenció que el sector privado no necesariamente ni en todos los casos hace mejor las cosas que el sector público.
La privatización del sistema de pensiones fue otro acto realizado con las mejores intenciones pero que pavimentó el camino al infierno que apenas comienza a verse en esta generación de pensionados que se jubilarán bajo este régimen. Las ganancias de las afores estaban aseguradas, mientras que las pérdidas se transfieren a los trabajadores a través de las llamadas “minusvalías”. De no resolver el problema del ahorro para el retiro, en pocos años veremos las consecuencias de este perverso sistema que ya ha dado muestras en Chile. Aun así, en su momento esta reforma fue considerada como una de las mejores del mundo: los trabajadores tendrían sus propios recursos para el pago de su pensión gracias a la intervención del sector financiero privado que hizo su agosto a costa de millones de trabajadores.
Hubo dos empresas que varios Gobiernos no se atrevieron a tocar: Pemex y CFE. No las vendieron. Pero bajo el mandato de Peña Nieto se crearon condiciones para que el sector privado pudiera competir y estas empresas perdieron su carácter de paraestatales para ser “empresas productivas del Estado” que competirían en el mercado en un mano a mano contra el sector privado. Aunque no se vendieron, nuevamente hubo aplausos de parte de los partidarios del libre mercado, pues por fin se tendría un mercado energético.
La llegada del actual Gobierno frenó varias de las reformas, en particular la energética, y decidió desaparecer varias instancias públicas o autónomas pero que se sobreviven con dinero público. Esta reducción del aparato estatal dejó ser aplaudida por los partidarios del mercado, por lo menos por gran parte de éstos. Algunos órganos autónomos fueron creados bajo mandatos anteriores para dar mayor certidumbre y regular a los mercados, a aquellos que en los libros de texto se regulan solos y cuya mano invisible no requiere la mano visible del Estado. Ahora la pertinencia de su existencia está en entredicho y esto no es aplaudido por los que idolatran al libre mercado.
Algunos órganos autónomos tienen su razón de ser. Nadie cuestionaría la necesidad de que exista un Banco de México o un INEGI, por poner algunos ejemplos. El tema de la información pública me parece determinante y particularmente yo cuestiono que se pretenda eliminar al INAI, pero hay otros órganos, como la COFECE, que definitivamente tienen que demostrar que el dinero gastado se traduce en mayor bienestar para la población. En su momento, estos órganos fueron nutridos con personal que indiscutiblemente tienen las credenciales para demostrar que sus entidades generan valor al Estado Mexicano y que, por lo tanto, deben seguir existiendo. Es tiempo de que, aquellas entidades que podrían estar en la mira del actual Gobierno, que aprendió bien la lección de reducir el tamaño del Estado, demuestren que son de utilidad a la sociedad.
Docente de la maestría en Economía, FES-Aragón-UNAM y UDLAP Jenkins Graduate School.
