El sector informal de la economía ha existido desde hace siglos. El primer problema que presenta es cómo definirlo, pues engloba tanto a personas que realizan actividades diarias de subsistencia como recolección de leña para su venta o la colecta de basura a cambio de una propina, hasta actividades industriales como maquiladoras donde no se otorgan prestaciones de ley a los trabajadores. Seguimos debatiendo cómo definirla y no existe claridad total respecto a las actividades informales de las que no lo son, o lo son parcialmente. Una institución que no otorga seguridad social a todos sus trabajadores podría considerarse como informal, y en ella se englobarían a varias instituciones públicas de los tres niveles de Gobierno; pero otra definición diría que sólo aquellas actividades económicas que no pagan impuestos, pero cuyo giro o actividad preponderante es legal, también son informales, en cuyo caso una empresa legal que no está al corriente con el pago de sus contribuciones, se podría considerar como informal.
En el Senado de la República existe una iniciativa, por parte del partido actualmente mayoritario y que hace apenas cuatro años era oposición; la propuesta busca regular y acabar con las actividades informales a través de la prohibición y multas a los informales. Al igual que en sexenios pasados se pretende que, con cobrar impuestos a este sector de la economía, las finanzas públicas tendrán una mejoría importante. La visión, al igual que en el pasado, es enteramente recaudatoria, es decir, se trata de la búsqueda de captar un mayor nivel de impuestos a través del incremento en la base gravable, esto es, a través del cobro de impuestos a aquellos que no lo hacen. Al igual que antes, el enfoque es, por decir lo menos, incompleto y con miras miopes.
Recientemente entró en vigor una ley que de un plumazo provocó que miles, tal vez millones, de trabajadores cambiaran su status laboral y pudieran obtener seguridad social. La nueva regulación a la contratación vía outsourcing está ayudando a que millones de trabajadores tengan mayor certidumbre jurídica y a crear condiciones para, en un futuro no muy lejano, puedan recibir pensión cuando sus condiciones de salud y edad les impidan trabajar. Es muy probable que esta legislación, que en principio no necesariamente tenía como objetivo principal el reducir la informalidad, termine haciendo mucho más que otras iniciativas para abatir el problema de la informalidad.
Una paradoja del combate al sector informal es que en ocasiones el propio sector público, en sus tres niveles, la fomenta al contratar a empresas que no otorgan seguridad social a sus empleados. Así, cuando un ente público contrata a una empresa externa que le otorgue servicios de seguridad, limpieza o mantenimiento, por poner algunos ejemplos, sin poner como requisito para contratarla que el personal que participará en tales labores tenga seguridad social, está siendo cómplice de la empresa informal. Aunque es más fácil decirlo que hacerlo, pedir que los proveedores de las empresas públicas se encuentren al día en el pago de sus impuestos y cuotas de seguridad social, así como asegurándose de que los empleados tengan las prestaciones de ley, podría en automático combatir las actividades informales de un modo más efectivo que a través de regulaciones que podrían convertir en delincuentes a quienes se encuentran trabajando en el sector informal por mera sobrevivencia.
El sector privado está impulsando en el mundo entero las inversiones que cumplen con requisitos medibles y cuantificables en materia ambiental, social y de gobernanzas corporativa (ASG). El aspecto social podría incorporar elementos de empleo formal. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define a los empleos decentes como aquellos que cumplen con ciertos requisitos mínimos de nivel de salarial, dignidad laboral, seguridad social y certidumbre laboral. La incorporación del trabajo decente y el pago de impuestos en los términos ASG de igual modo ayudará a reducir la informalidad. Las grandes empresas ya se encuentran en dicho camino, y tal vez logren hacer más por reducir la informalidad que algunas leyes que criminalizan a, entre otros, vendedores ambulantes.
El crecimiento económico del país sólo puede considerarse viable dentro del terreno de la formalidad. Es pertinente y deseable que todas las actividades económicas paguen impuestos, pero muchas son de mera sobrevivencia y la gran mayoría se encuentran en el sector informal. La criminalización de estas actividades convertirá en delincuentes a personas que sólo buscan su diario sustento. Existen alternativas para reducir la informalidad, impulsadas tanto por el sector público como privado. Enfoques indirectos de fomento a la formalidad podrían tener mayor éxito en el combate a estas actividades, ya tenemos evidencia de ello. Esperemos que nuestros legisladores hagan caso de dichas evidencias.
