En la semana que concluye la UDLAP Jenkins Graduate School realizó un webinar sobre Seguridad Nacional y Cambio Climático donde tuve la oportunidad de participar como expositor. El común denominador es que desde la academia se reconoce que gran parte de los siniestros ambientales acontecidos en el mundo son provocados por el cambio climático, entre ellos las olas de calor en Europa y Australia, así como la alteración del clima provocando huracanes y otros meteoros en zonas donde no solía llover, y llevando sequía a lugares donde se contaba con recursos hídricos como Monterrey o en la zona del Río Bravo. Aunque se debería declarar una emergencia climática internacional, no está ocurriendo. La buena noticia, en todo caso, es que el riesgo climático ya está en el radar tanto del sector privado como del sector público, pero de eso a tomar acciones concretas, hay todavía mucho por hacer.
Los riesgos hidrometereológicos están claramente identificados por el equipo de trabajo de la Cátedra Unesco en la UDLAP del Estado de Puebla. Hay recolección de datos y análisis de estos, que muestran que el riesgo hídrico debe ser considerado como prioritario en la agenda de la Seguridad Nacional. De hecho, el caso de la Ciudad de Monterrey ilustra perfectamente lo que puede ocurrir en otros Estados, mayormente en el Norte del país, donde el exceso de explotación de los mantos freáticos puede poner en jaque la habitabilidad de ciudades enteras.
Desde la propia presidencia se invitó a la industria intensiva en el uso del agua a trasladarse hacia el sur del país, donde el recurso hídrico no es escaso. De ocurrir, definitivamente se tendrá un incremento en costos de producción, por el simple hecho de trasladar la industria de un lugar a otro. El transporte sería otro factor que encarecería los productos al consumidor final. Sin embargo, no hay alternativa, parte del problema se puede resolver a través de los precios: se debe incluir en el precio final el costo del resarcimiento del daño que se hace a la naturaleza al momento de producir cualquier bien o servicio.
El mecanismo de precios también se puede aplicar en otras industrias que alimentan el cambio climático a través de la Generación de Gases de Efecto Invernadero (GEI). El caso de los hidrocarburos y el plástico de un solo uso son ejemplo de ello. Los combustibles fósiles, lejos de subsidiarse, deben encarecerse, para como mínimo tener su precio de mercado y sugerentemente, establecer impuestos destinados al combate de la contaminación ambiental generada. En economía a esto se le denomina “internalizar las externalidades”, es decir, hacer que los que contaminan paguen el costo de dicha acción. Lo mismo aplica envolturas y empaques contaminantes de prácticamente todos los productos que consumimos.
En el contexto actual, la producción y consumo de bienes y servicios contaminantes las más de las veces no incluyen el costo de limpiar al ambiente por la producción de dichos bienes y servicios. La envoltura y envase de frituras y líquidos es ejemplo de ello, al igual que el caso de la electricidad y transporte que utilizamos día tras día. Pero esto no quiere decir que no lo estemos pagando. Lo pagamos de un modo por demás dramático: a través del cambio climático, de contaminación y agotamiento de los recursos naturales, como quedó manifestado en el webinar realizado.
El sector privado ya detectó que el cambio climático es un riesgo para el mundo de los negocios. Paradójicamente es también una oportunidad para aquellos que se incorporen oportunamente al mundo de los negocios sustentables. El sector público también empieza a hacer algo. Para mi gusto no estamos actuando con la rapidez que la crisis climática requiere. La pregunta es si colectivamente actuaremos a tiempo. No hacerlo está poniendo en riesgo la existencia misma de la vida en el planeta como la conocemos. La vida seguirá, la pregunta es ¿qué especies sobrevivirán a esta hecatombe climática?
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