Cuando los políticos “quedan a deber” a la población por la que juraron trabajar, pueden darse virajes dramáticos hacia la izquierda o a la derecha que pueden agudizar las precarias condiciones económicas de los ciudadanos. Venezuela hace años transitó hacia la izquierda y hoy es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer. Argentina puede estar en la antesala de ingresar a una política que es la cara opuesta de la misma moneda: corre el riesgo de instrumentar una serie de medidas de política económica de extrema derecha que podría resultar desastrosa para el país. La división de poderes lo puede impedir, pero el riesgo, es elevado.
Si quisiéramos determinar el tipo de política económica que promueve el próximo presidente de Argentina debemos mirar hacia la Escuela Austriaca. El liberalismo extremo que plantean establece que el Banco Central, por ser un monopolio, es perjudicial para la economía y que la banca comercial lleve los roles del Banco Central, como la emisión de dinero. La competencia entre diferentes monedas provocaría que ésta no perdiera su poder de compra, en pocas palabras, traería estabilidad de precios o una inflación cercana a cero. En teoría suena bien. Lástima que se tenga poca evidencia, si acaso alguna, de algún país que haya experimentado, y demostrado, que es una medida efectiva.
La medida de “dinamitar” el Banco Central implica acabar con un instrumento de política económica: la política monetaria. El equivalente a nivel personal es cortarse una extremidad. De ese tamaño la implicación para el país. Significa que ahora la oferta de dinero dependerá de la cantidad de dólares que ingresen al país vía exportaciones, remesas o inversión extranjera. Si no se atraen suficientes dólares, no hay duda de que la inflación se irá a cero. Pero lo más probable es que, al no tener medios de cambio, la economía se sumiría en una profunda recesión. Esto podría inducir al surgimiento y circulación de otro tipo de monedas o llevar al país a una suerte de economía de trueque. En México, en algunas regiones muy delimitadas, se han tenido monedas alternas como el ‘túmin’.
El nuevo gobierno propone reducir el gasto público. Si bien es pertinente tener finanzas públicas sanas, la súbita reducción del gasto público será un factor que podría hacer más severa la reducción de las actividades económicas, además de fomentar el desempleo. El saneamiento de las finanzas públicas es algo deseable en cualquier nivel de gobierno y país, pero se debe considerar que una posible consecuencia de esto es una reducción temporal en el nivel de actividades económicas cuando no una abierta recesión.
El Presidente encarna al poder ejecutivo, pero quedan los otros poderes. Tanto el legislativo como el judicial podrían ser contrapesos que eviten que se den cambios dramáticos en la forma de conducir la economía. Una cosa es lo que el presidente quiere y otra lo que realmente puede. Existen otros poderes fácticos, como los sindicatos, la prensa y las redes sociales, que diluyen el poder político del ejecutivo y podrían darle muy poco margen de acción. Esto nos lleva a un escenario de inamovilidad donde, por lo tanto, podría pasar muy poco: el presidente podría en realidad hacer muy poco y posiblemente al final de su mandato el Banco Central seguirá existiendo.
México, y el resto de los países de la región debe aprender la lección: si las políticas económicas no se reflejan en mejores condiciones de vida para la población, en algún momento se puede elegir como presidente a alguien que no sólo mejore las cosas, sino que las haga peor. Para algunos, eso es justamente lo que ocurrió en México con el actual gobierno. Las encuestas de preferencias electorales, sin embargo, muestran otra historia. En menos de un año sabremos si se ha generado hartazgo de la mayoría de los votantes o sólo de aquellos que discrepan ideológicamente de la política actual. Pronto lo sabremos.
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Se encuentra en tribunales el litigio de las Afores que buscan eliminar el cobro máximo que pueden hacer a los trabajadores. El argumento es que la competencia ha venido reduciendo esta comisión, y lo seguirá haciendo. El dogma del libre mercado podría imponerse. La regulación ha ayudado a que las comisiones de un mercado cautivo se reduzcan y que quede una mayor cantidad disponible en la cuenta de los trabajadores. El argumento se puede reducir en lo siguiente: los trabajadores aguantan todo, pero las pobrecitas Afores, ¿por qué deben estar limitadas en los cobros que hacen?
Docente de la maestría en Economía, FES-Aragón-UNAM y UDLAP Jenkins Graduate School
