Le quedan pocos meses a la actual administración. Es casi un hecho que México será gobernada por primera vez por una mujer. Ninguna de las encuestas sobre intención de voto públicas muestra que la candidata de la oposición tenga posibilidad real de ganar la presidencia, por lo que lo más probable es que gane la candidata del actual partido en el poder. No sólo eso, al contrastar la intención del voto que tuvo el actual presidente hace seis años contra la actual candidata puntera, hoy se tiene mayor preferencia que hace seis años. Adicionalmente, se ha tenido el mismo tiempo para formar cuadros que no migren a otro partido como ocurrió en la actual legislatura. En tal contexto no deberá sorprendernos que no sólo se gane la presidencia, sino que la oposición tiene un riesgo real de perder la mayoría en el congreso que le permitiría realizar cambios constitucionales. Este debería ser visto como el principal riesgo para la oposición y mayor oportunidad para el partido en el poder.
A más de cinco años de la actual administración ya podemos ver lo que realmente hizo el actual mandatario. Los efectos de las políticas instrumentadas, sin embargo, no se verán de modo inmediato. De hecho, en ocasiones es necesario que pasen varios años antes de que se vean los resultados de la política económica seguida por el Gobierno en turno. Por ejemplo, la reforma al sistema de pensiones que en su momento se vendió como si fuera la solución a un problema fiscal y de una población que envejecía y no contaría con recursos para recibir una pensión digna. Al paso del tiempo es evidente que la medida fue insuficiente y que el ahorro para el retiro de las cuentas individuales en general es insuficiente para procurarse una pensión decorosa. Pero debieron transcurrir varios años para que esto fuera evidente. Lo mismo puede ocurrir con algunas medidas tomadas en la actual administración.
Hay tres grandes pendientes que esta administración no pudo resolver: el de la inseguridad, el ambiental y el de salud pública. Por decir lo menos. Si le “rascamos” seguramente encontraremos otros de gran magnitud, como puede ser el rezago educativo. Cuando se es candidato se suele decir que se tiene la solución a la mayoría de los problemas que enfrenta el país, al llegar al poder, las soluciones no resultan ser tan obvias y la misma aplicación de medidas suele enfrentar fuertes resistencias que provoca que en muchas ocasiones los cambios simplemente no se den. Hay muchas inercias y fuerzas que se oponen al cambio, por lo que éste no puede darse de modo inmediato. Es más, podrían ser necesarios varios sexenios para tener cambios de mayor envergadura o bien tener la mayoría en el congreso, y congresos locales, que permitan realizar cambios constitucionales.
El problema de la inseguridad de ningún modo es nuevo. Los que tenemos un poco de memoria recordamos que desde fines del milenio pasado la inseguridad y corrupción de altos mandos de Gobiernos y órganos encargados de administrar justicia estaban en primeras planas. A poco más de cinco años, es un hecho que la política de “abrazos no balazos” no funcionó.
El tema ambiental pareciera que estuvo fuera de la agenda del actual Gobierno. En algún tiempo podremos ver los frutos del programa sembrando vida, pero de momento es evidente que tenemos un problema de escasez de agua potable a nivel nacional. También hay problemas con el tratamiento de basura y contaminación de tierra, agua y suelos. Menudo reto le espera a la próxima presidente.
Tampoco logramos tener un sistema de salud de primer mundo. No sólo eso, parte de las resistencias se encontró en la misma industria alimentaria que se ha encargado de engordarnos y hacernos hipertensos. Seguimos sin tener un número suficiente de camas de hospital y los médicos y enfermeras, y en general el personal de salud, sigue esperando tener un nivel de ingreso decoroso. Otro gran pendiente para la próxima administración.
No todo es sombra. También hay luz y algunos resultados esperanzadores, objeto de próximas entregas.
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Se ha convertido en tema de debate en diversos círculos la Ley que permite la expropiación de las pensiones no reclamadas por adultos mayores de setenta años. Se trata de fondos abandonados. Antes de esa Ley y antes de enfrascarnos en discusiones sobre el tema conviene analizar si era fácil a los familiares recuperar dichos fondos. No lo es. Ni siquiera se trata de personas mayores de setenta años. Ante el lamentable deceso de trabajadores jóvenes, los que se quedan, esposas, hijos o padres, deben pasar por un verdadero viacrucis para rescatar los fondos que administran las Afores pero que son propiedad de los herederos. Al igual que en otros casos, el efecto de esta Ley no se verá de modo inmediato. Al tiempo.
Docente de la maestría en Economía, FES-Aragón-UNAM.
