El pasado 18 de diciembre, legisladores de Morena presentaron una iniciativa para modificar el artículo 19 Constitucional y agregar el delito de extorsión al catálogo de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Los motivos detrás de dicha iniciativa no son menores: el delito de extorsión es el segundo más frecuente y representa el 23.48% de los delitos cometidos a nivel nacional.(1) Lo anterior, sin considerar aquellos casos en que los delitos no fueron denunciados y que representan alrededor del 93.6%.
Si en algo coincido con la exposición de motivos presentada por el Diputado Mario Delgado, es que en México vivimos una terrible crisis de inseguridad que se debe, en buena medida, a la operación de grupos criminales relacionados con la delincuencia organizada bajo las modalidades de, en este caso, la extorsión. Sin embargo, difiero rotundamente con su estrategia para prevenir la comisión de este delito: mediante la prisión preventiva oficiosa.
Lo anterior, por dos principales motivos que a continuación expongo.
En primer lugar, para erradicar y prevenir este delito, resulta fundamental analizar las circunstancias de su comisión. En nuestro país, más del 80% de las llamadas de extorsión vienen de adentro de prisión. Un estudio realizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, reportó que en tan solo 7 penales –de los 309 que hay en el país- en 2017 se realizaron 3.7 millones de llamadas de extorsión desde prisión, y en los penales estatales cada semana se realizan, en promedio, más de 43 mil llamadas utilizando solamente 90 equipos telefónicos. El propio Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 realizado por la CNDH, observó la existencia de cobros por extorsión en 73 centros penitenciarios del país.
En este sentido, la imposición de la prisión preventiva oficiosa para el delito de extorsión resulta inútil, toda vez que la gran mayoría de sus perpetradores ya se encuentran en prisión. Por lo que, no se necesita ser ningún experto para concluir que difícilmente dicha medida disuadirá la comisión de este delito.
En segundo lugar, tomando en consideración que no todos los delitos de extorsión se cometen desde prisión, y que quizás la prisión preventiva podría “contribuir a limitar los casos de impunidad por la comisión del delito de extorsión” tal y como lo manifiesta el Diputado Delgado en su exposición de motivos, la realidad es que no existe evidencia para sostener que aumentar el número de personas encarceladas por prisión preventiva oficiosa, tendrá un efecto en disminuir las víctimas en el país.(2) Sino que por el contrario, la experiencia nos demuestra que el encarcelamiento no necesariamente ayuda a reducir los delitos, y que tampoco el aumentar el número de personas privadas de la libertad, nos ayudará a vivir más seguros.(3)
Lo que sí provoca la prisión preventiva oficiosa, es la sobrepoblación de las cárceles, la vulneración de la presunción de inocencia, y el alimentar el círculo vicioso de reincidencia en el país. De nada sirve llenar de más gente nuestras cárceles, si éstas únicamente contribuyen al contagio criminógeno.
El delito de extorsión es de los más populares dentro de prisión en virtud de que representa dinero rápido, es fácil de cometer, y en ocasiones, es la única opción para ganarse la vida dentro de prisión ante la falta de oportunidades de empleo mientras se cumple una condena.
¿La solución? ataquemos el problema desde la raíz: trabajemos para transformar nuestras cárceles en lugares de oportunidad. Los equipos bloqueadores de señal para evitar que salgan llamadas desde los reclusorios, desde luego podrían funcionar, pero sería intentar tapar el sol con un dedo. Debemos ir más allá, debemos invertir en programas laborales y de reinserción social dentro de prisión, a fin de que la gente tenga una opción legal con la que ganarse la vida, y no se vea en la necesidad de recurrir a la delincuencia para sobrevivir. Y sin duda, acompañar dichas medidas, de programas contra la corrupción de autoridades que voltean la mirada o incluso se benefician de permitir que salgan llamadas de extorsión desde prisión.
Podemos seguir dejándonos engañar por medidas populistas que de nada sirven para disminuir la delincuencia, o podemos exigir que nuestras autoridades tomen las acciones necesarias para acabar con la terrible crisis de inseguridad en la que vivimos. Esta segunda opción implica agarrar al toro por los cuernos y enfrentar los problemas que se viven dentro de las cárceles de nuestro país, aunque no nos guste. No sólo por un tema de Derechos Humanos, sino por la inmensa y urgentísima necesidad que como sociedad tenemos, si realmente queremos, el día de mañana, vivir en un México más seguro y en paz.
(1) Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva nacional al 30 de noviembre de 2019.
(2) De la Rosa, Carlos. ¿Prisión preventiva oficiosa: ¿más cárceles, menos víctimas? disponible en https://seguridad.nexos.com.mx/?p=1144
(3) ídem.
