Mientras el país avanza hacia la modernidad en muchas áreas, el sistema de pensiones sigue siendo un eslabón débil en la cadena de bienestar social. Es momento de poner luz sobre esta problemática que afecta a millones de trabajadores mexicanos, y reflexionar sobre su importancia y urgencia.
En medio del amplio espectro de discusiones sobre los derechos laborales en México, uno que ha emergido recientemente del anonimato es el tema de las pensiones. Este cambio ha sido impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su último paquete de reformas presentado al Congreso propone una medida que promete un retiro con 100% del último salario para todos los trabajadores. Sin embargo, es importante destacar que esta propuesta tiene alcances limitados, ya que solo se aplicaría a aquellos que ganan 16 mil pesos o menos.
Se anticipa que los recursos destinados a esta reforma serán obtenidos del Fondo de Pensiones del Bienestar. Este fondo se iniciará con una cantidad de 64 mil 619 millones de pesos, los cuales proceden de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo el año pasado, de la venta de activos por parte del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, así como de ciertos pagos pendientes de empresas al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Se espera que 25% de este fondo sea financiado mediante recursos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina, así como por contribuciones de personas físicas o jurídicas.
Las pensiones son mucho más que un simple beneficio económico para el retiro. Son la culminación de una vida de trabajo dedicada, son el fruto del esfuerzo cotidiano y del sacrificio de las familias. Son la promesa de seguridad y estabilidad en la etapa final de la vida, cuando la fuerza física mengua y las necesidades aumentan. Sin embargo, para muchos trabajadores en México, esta promesa se desvanece en un horizonte de incertidumbre.
La realidad es que el sistema de pensiones en México enfrenta una serie de desafíos significativos. Desde la falta de montos suficientes otorgados, hasta la ausencia de cobertura para amplios sectores de la población, el panorama resulta desalentador. Muchos trabajadores, especialmente aquellos que laboran en la economía informal o tienen empleos precarios, carecen por completo de protección para su vejez, situación que, lamentablemente, no contempla la reforma presentada por el ejecutivo. Incluso para aquellos que logran acceder a una pensión, los montos otorgados con frecuencia resultan insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas.
Los números, como se dice coloquialmente, carecen de emociones. Sin embargo, detrás de las cifras se esconde una realidad que merece ser explorada. Por ejemplo, de acuerdo con el Panorama Anual de Inclusión Financiera 2023, en 2022, el número de cuentas administradas por las Afore ascendió a 72.5 millones, mostrando un incremento de 3% en comparación con el año anterior. Incremento muy bajo si tomamos en cuenta la población económicamente activa, pero aún más impactante es el monto del ahorro voluntario y solidario, que alcanzó la cifra de 165.8 mil millones de pesos. Esta suma refleja un esfuerzo colectivo por asegurar un futuro financiero más estable, pero sin llegar a ser suficiente.
A pesar del aumento de 12% en las aportaciones voluntarias y solidarias en 2022 en comparación con el año anterior, el total de estos fondos experimentó una disminución de 4% con respecto a 2021. Es importante destacar que la mayoría de los trabajadores realizaron una sola contribución voluntaria en ventanilla, lo que sugiere la necesidad de fomentar una cultura de ahorro más activa y constante.
En términos de distribución, la mayoría de las cuentas administradas por las Afore están vinculadas al IMSS, con un reporte de 54.1 millones. Sin embargo, es interesante observar que instituciones como Azteca, Coppel y CitiBanamex concentraron 57% del total de cuentas gestionadas, lo que indica la diversidad de opciones disponibles para los trabajadores en materia de pensiones.
El Estado de México se destaca como líder en el número de cuentas administradas por el IMSS, alcanzando 6.9 millones. A pesar de estos avances, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) de 2021 revela que, en general, aproximadamente la mitad de la población adulta posee cuentas de ahorro para el retiro. Sin embargo, en los niveles socioeconómicos más bajos (D y E), la tenencia de estas cuentas disminuye a 33% y 22%, respectivamente, subrayando la necesidad de medidas adicionales para promover la inclusión financiera en los segmentos más vulnerables de la sociedad.
Es hora de que el gobierno y la sociedad en su conjunto aborden esta problemática de manera integral y urgente. Es necesario fortalecer los sistemas de seguridad social, ampliar la cobertura a todos los trabajadores, mejorar los montos de las pensiones y garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Esto no solo es una cuestión de justicia social, sino también de responsabilidad y visión de futuro.
Como sociedad, debemos reconocer la importancia fundamental de las pensiones en la vida de los trabajadores mexicanos. Debemos exigir un sistema que garantice una vejez digna y segura para todos, sin importar su origen socioeconómico o su trayectoria laboral. Y sobre todo, debemos actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde para corregir las injusticias del presente y construir un futuro más justo y equitativo para todos.
Académico de la Universidad del Valle de México, Campus Zapopan
