En México WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada, lo que ha incitado por una parte su empleo para delinquir y por otra, que las autoridades investiguen y aporten como prueba las comunicaciones entre los usuarios.
Los delincuentes registran un nuevo número telefónico en una cuenta existente y cuando WhatsApp envía el código de verificación, entran al buzón de voz, que muchas veces el titular de la cuenta ignora que lo tiene, lo aplican en el nuevo número y completan la verificación de dos pasos y a partir de entonces no hay forma de que el usuario recupere su cuenta, sus contactos no se percatarán de la suplantación y el único que no podrá ver las comunicaciones es la víctima del hackeo. Así han resultado afectadas muchas personas.
Lo importante es saber qué utiliza Meta como identificador de cada cuenta, porque es evidente que no es el teléfono ni el nombre del titular, esos se cambian fácilmente y son solo una máscara en la comunicación. La realidad es que una vez hackeada la cuenta, tanto la empresa Meta como la compañía telefónica no aceptan responsabilidad ni hacen nada para detener el mal uso de la cuenta, afirman que es culpa del titular por no haber establecido un código verificador . Parece que Meta pretende seguir los pasos de Twitter que cobraría una cantidad mensual para mantener las cuentas verificadas, pero eso es algo que debe advertir a sus usuarios.
Es necesario implementar acciones en defensa de las personas, el buzón de voz es una imposición de prestadores del servicio y es evidente que WhatsApp no cuenta con la seguridad para proteger la identidad de sus clientes, por lo que se puede pensar en alguna acción colectiva u otro tipo de acciones legales.
En EU la comunicación por medio de celular es a través de mensajes de SMS y se han desarrollado un gran número de aplicaciones para muy diversos servicios públicos y privados.
El exalcalde de Nueva York , Giuliani sostenía que en materia de seguridad la política debe ser de tolerancia cero, premisa que partía de la teoría de las ventanas rotas, bajo la cual las manifestaciones antisociales que producen criminalidad y su tolerancia generan la idea de que existe vía libre para cometer otros delitos quizá más graves. La impunidad genera criminalidad.
La ausencia de una estrategia anticrimen transversal, que involucre a las autoridades, a los fabricantes de teléfonos, a las telefónicas y a las desarrolladoras de las aplicaciones, ha generado el fenómeno descrito por Giuliani; una escalada de otros delitos. Del simple engaño para obtener depósitos, hemos pasado a la extorsión, al robo de identidad, a la venta de contenidos sexuales, al hackeo profesional, etc.
Ante el estándar probatorio mínimo que se requiere para judicializar un asunto, las conversaciones de WhatsApp se consideran como elemento de prueba suficientes para imputar conductas, sin que necesariamente se autentifique si los participantes de estas son responsables de su contenido, como sí sucede en el caso de las intervenciones telefónicas. Basta hackear una cuenta de la aplicación para introducir una conversación que recree un contenido ilícito.
Como lo dice Giuliani, es urgente no minimizar las conductas lesivas, rechazar la aceptación cotidiana de su presencia, ante la imposibilidad de actuar para obtener justicia, es la mejor medicina ante la criminalidad.
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