El cierre por la pandemia, la guerra comercial de EUA-China y la invasión rusa a Ucrania, provocaron en los EUA la ruptura de cadenas productivas y de suministro, afectando gravemente la proveeduría, la industria y el comercio en general. Para cuidar su empleo e industria pretenden acudir al nearshoring, conservando su planta productiva, pero buscando para su proveeduría costos de producción bajos, supervisarles, con costos de flete mínimos y que no respondan a coyunturas; y para conseguir eso, su mejor opción es México. Así lo reconoció el BID al estimar que puede corresponder a nuestro País aproximadamente la mitad de los 78 mil millones de dólares anuales que los norteamericanos comercian con China.
Este fenómeno ha provocado que un gran número de empresas estadounidenses estén invirtiendo o contratando con micros o medianas sociedades mexicanas, ya que por su cercanía bajan costos de transporte y pueden ejercer control y supervisión directa sobre la producción, además de la mano de obra barata. Esta integración, puede traer una gran inversión que genere desarrollo económico, empleo y mejor distribución del ingreso y con ello, el Presidente puede cumplir con sus metas de crecimiento y generación de empleo, solucionando de fondo el problema de la migración.
Para que México se convierta en la China de América y se aproveche la integración por el T-MEC y lograr ese desarrollo, es prioritario resolver previamente algunos problemas internos. La falta de infraestructura en algunas zonas puede ser un obstáculo, pero el cobro de piso y la extorsión a las empresas, pueden terminar con todas las ventajas competitivas de nuestros empresarios o hacer que gran parte de los recursos, en lugar de traer crecimiento, terminen financiando la operación criminal. Durante 2021 la ENVE del INEGI estima que 24.6 % de las empresas del país fueron víctima de algún delito, lo que equivale
a 1.2 millones de empresas víctimas, con un total, de 2.9 millones de delitos asociados a los 1.2 millones antes citados, esto es 2.4 delitos por unidad económica víctima.
En 2021 se cometieron 829 mil delitos de extorsión. De estos, 67.6 mil se ejecutaron en la calle, en el establecimiento, o por cobro de piso. En 44.8 % de los casos, se pagó dicha extorsión. Se estima que, en el 2021, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en unidades económicas representó un monto de 120.2 mil millones de pesos, es decir, 0.67 % del PIB. Para que nuestro país aproveche esta gran oportunidad, es necesario que la cultura de la denuncia se fomente en el sector empresarial, garantizando las mejores condiciones para ello, que las fiscalías investiguen todas las denuncias y que se persiga el cobro de piso y la extorsión con toda la fuerza del Estado. El combate a la impunidad debe ser el centro de la estrategia.
En la próxima entrega abordaré la naturaleza del derecho de piso o pizzu de la mafia y cómo al final de los años 90`s se enfrentó en Italia, para que se establecieran las condiciones para su industrialización, de inversión para su desarrollo y su incorporación a la UE.
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