En el 2021, el Capitolio fue asaltado por una turba de seguidores del presidente Trump que habían estado en un mitin en la Casa Blanca. Ese día el Congreso certificaría la victoria de Biden, una ceremonia bicameral que adquirió relevancia porque el republicano no aceptó el resultado de la elección, así la violencia y el caos obligaron la interrupción de ese proceso con el que concluye el ciclo electoral. Trump pidió a sus partidarios que volvieran a sus casas, pero insistió en el fraude y Biden les exigió que no obstruyeran el funcionamiento de la democracia. La sesión del Congreso concluyó al día siguiente y la victoria fue certificada. El supuesto fraude electoral jamás fue demostrado ante las instancias judiciales, pero el histórico daño a la democracia, al Capitolio y las muertes allí están.
Un nuevo capítulo se está escribiendo derivado de la investigación a cargo de una Comisión legislativa bipartidista, misma que durante 17 meses recabó información y declaraciones de personajes políticos, colaboradores cercanos al expresidente Trump, así como de ciudadanos involucrados, que suman más de 1.000, lo que generó miles de páginas de transcripciones y horas de video. Concluyendo que Trump es responsable.
La recomendación que la Comisión propone es el enjuiciamiento criminal de Trump como posible responsable de cuatro delitos, con los cargos de incitación a una insurrección; de conspiración para emitir un falso testimonio y para defraudar a Estados Unidos y, de obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso . No son vinculantes para el DOJ, sin embargo, implican una gran presión para los investigadores ministeriales y fiscales, por las 10 audiencias públicas que efectuaron y que constituyeron un espectáculo mediático, en las que se presentaron declaraciones de testigos cercanos al expresidente que lo implicaron y responsabilizaron de los sucesos investigados.
El DOJ tiene su propia investigación a cargo de un fiscal especial, sin embargo, los antecedentes entre el fiscal general Merrick Garland y Donald Trump, el bloqueo a su nominación para la Corte Suprema, pueden constituir una limitante. Los testimonios vertidos fueron golpes mediáticos que representan un problema jurídico para integrarlos en un proceso criminal.
Las probanzas no pueden ser usadas en un juicio y solo pueden ser aprovechadas por la comisión. Es la primera vez que se recomienda juzgar a un expresidente y considerarlo responsable. Los tiempos para el ejercicio de la acción penal son ahora, en un futuro las elecciones se verán influidas por lo que determine el DOJ, por eso las conclusiones están haciendo historia. Veremos si no hay marcha atrás con la nueva composición del Congreso.
El proceso constituye uno de los más grandes desafíos para el sistema judicial y político de EUA . Los norteamericanos tienen presente los grandes escándalos de Watergate e Irán-Contras, y cómo prevalecieron los intereses políticos. Está en juego la credibilidad de sus instituciones; la posible responsabilidad de Trump fue exhibida en cadena nacional y en un horario premium, eso complicará el juicio criminal si llegara a presentarse.
El modelo de justicia de EU se replicó en México a partir de la solidez que representaba. Si prevalecen los intereses políticos sobre la justicia y el estado de derecho, por nuestra interrelación México se puede ver afectado.
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