En la última cumbre trilateral celebrada en Washington, el Presidente López Obrador señaló que el nuevo T-MEC es un camino para la integración de Norteamérica. El problema es que al igual que el TLC, aunque impulsa la integración comercial e industrial, también se genera una “gran corrupción” por la existencia de asimetrías jurídicas, sociales y económicas entre los países, como lo afirma Jorge Malen en su obra Globalización, comercio internacional y corrupción. Además, se origina un terreno fértil para que se desarrolle la delincuencia organizada internacional. El acuerdo no solo debe referirse a temas económicos y comerciales, sino debe incluir cuestiones de seguridad, justicia y migración.
Estos temas se han discutido en otros acuerdos lo que ha sido un error porque ha provocado la celebración del TLC Plus o la Iniciativa Mérida, los cuales nos impusieron reglas norteamericanas y una política prohibicionista en contra de las drogas, tratando de someter y subordinar a las instituciones mexicanas de persecución del delito.
El TLC contenía un espacio de solución para los conflictos legales con motivo de las operaciones económicas entre los distintos actores de los tres países, inclusive con validez institucional y reconocimiento judicial, sin embargo, en materia de seguridad y justicia no se previeron instancias de solución.
En la década de los 90 el TLC detonó el intercambio comercial e industrial entre México y EU. Generó nuevos espacios de desarrollo en ambos lados de la frontera, siendo aprovechados por los cárteles criminales mexicanos, que se vieron favorecidos por el debilitamiento de los cárteles colombianos. También facilitó el blanqueo de capitales. La inversión y el desarrollo económico eran la prioridad.
La lucha por el control territorial de los puertos y rutas a las fronteras y por el mercado norteamericano detonó la violencia homicida en el país. Las muertes en México, en su gran mayoría han sido por la disputa territorial que mantienen entre sí las organizaciones criminales y no por la lucha que emprendió el gobierno en contra del narcotráfico.
Debemos pugnar por que el nuevo tratado se complemente con nuevas instituciones policiacas y de persecución del delito, que sean conformadas por las tres naciones. Como ya se observó, no son suficientes las instancias de coordinación e intercambio de información, porque nuestros sistemas jurídicos son diferentes y nuestras corporaciones policiacas y ministeriales son asimétricas.
Un cuerpo policiaco integrado por agentes de los tres países, capacitado y especializado en combatir el crimen transfronterizo y una fiscalía especializada, con facultades y competencia regional, pueden realmente enfrentar a la delincuencia transnacional que se aprovecha de los espacios y oportunidades que estos grandes acuerdos generan. La integración de órganos jurisdiccionales trasnacionales puede ser un siguiente paso después de la consolidación de la policía y la fiscalía. La Unión Europea creó la Europol, su propio espacio judicial y una Fiscalía Europea para atender ese tipo de casos.
Los problemas que genera la extensa frontera con EU, que es la más transitada y con el mayor flujo de mercancías del mundo, debe ser atendida por los dos países, como un proceso progresivo de integración y no como un simple intercambio de mercancías.
Consejero de la Judicatura 2009-2014