El Presidente López Obrador envió un paquete de iniciativas de ley, para reformar la GN, y que su Comandancia quede subordinada a la SEDENA para efectos operativos y administrativos, aunque aquélla siga adscrita a la SSPC. Adicionalmente, el PRI presentó una iniciativa para modificar el artículo Quinto Transitorio de la Constitución que permite a las fuerzas armadas participar de manera extraordinaria en tareas de seguridad pública extendiéndola hasta el 2029.
Estas propuestas de reformas constitucionales y legales se inscriben en una discusión añeja sobre la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, motivada por la incapacidad de las entidades federativas y en particular de los municipios para integrar cuerpos de policía confiables y capaces de enfrentar a la delincuencia.
El grupo parlamentario del PRI en 2016 presentó una iniciativa para expedir la Ley de Seguridad Interior, y reglar la intervención de las FA en SP, sin embargo, fracasó ante la falta de apoyo del legislativo y la resolución de la SCJN. Lo anterior explica lo manifestado recientemente por el General Secretario Luis Crescencio Sandoval, en el sentido de que las FA siempre han pugnado para tener un marco jurídico de actuación (de manera extraordinaria) para efectuar labores de SP.
El tema de la SP no debe ser rehén de intereses políticos, ni estar secuestrado por posiciones partidistas. La SP no es responsabilidad de las FA, de conformidad con la Constitución es responsabilidad compartida por los tres niveles de gobierno, pero por su naturaleza de contacto directo con la población, corresponde en primer término a las autoridades locales. La persecución de los delitos e imposición de penas, de acuerdo con el sistema de competencias residuales, se reserva en su mayoría para los Estados.
Antes de debatir sobre la participación de las FA en la SP, y que los partidos utilicen la reforma como moneda de cambio o para defender posiciones partidistas, se debió requerir a los Estados para preguntarles, sobre los avances obtenidos mientras han sido apoyados por las FA en la revisión y fortalecimiento de sus cuerpos de seguridad. Politizar esos temas solo ha favorecido el avance de la DO en el País.
Se requiere un marco jurídico que regule la participación de los militares en la SP, les marque límites y precise su competencia, como se pretendió hacer con la Ley de Seguridad Interior. No es posible que se acuse a la institución por omisiones en el caso de Ayotzinapa, cuando ninguna ley los facultaba a intervenir; las colusiones individuales deberán de ser probadas y perseguidas.
La discusión debería versar sobre que mecanismo se pueden utilizar para apoyar y exigir a los Estados que mejoren sus policías preventivas y de investigación. En muchos países europeos como Italia, por ejemplo, su ejército tiene puestos de vigilancia en las principales ciudades, y cada municipalidad tiene su policía preventiva y las regiones su policía de investigación; los italianos han usado con éxito su ejército para contener al crimen organizado y nadie acusa a las autoridades de militaristas.
México se merece un debate serio sobre la SP, solo así, se podrán establecer objetivos alcanzables y medibles. Si no lo hacemos ahora y los políticos siguen confrontados, seguramente la DO seguirá avanzando, controlando más territorios y fortaleciéndose.
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