En los últimos años el gobierno ha sido sujeto a numerosos procedimientos de responsabilidad patrimonial del estado por el actuar de sus servidores públicos, reclamos que han evolucionado de las materias relacionadas con la salud, la seguridad y la prestación de servicios públicos, a las áreas de la procuración de justicia, particularmente por el no inicio de carpetas de investigación y su insuficiente integración.
Nuestra Constitución ha estimado que todo servidor público es responsable por los actos u omisiones penales, administrativas y políticas en que incurra en el ejercicio de sus funciones. Adicionalmente, el legislador recogió una figura de derecho civil y dispuso que el Estado también será responsable por la actuación indebida, objetiva y directa de sus agentes públicos, debiendo resarcir los daños materiales, personales y morales que hayan ocasionado, para posteriormente poder ejercer su derecho de repetición.
El sistema de responsabilidades públicas está en desarrollo, y la sociedad sigue cuestionando su eficacia. Causas, seguramente las habrá y muchas, quizá las más visibles son las relacionadas con la corrupción, la impunidad, el crimen organizado y el poco respeto al estado de derecho, pero no son las únicas.
No es suficiente implementar cambios normativos que endurezcan las sanciones y amplíen los delitos, así como los supuestos de responsabilidad. El Gobierno debe encabezar el fortalecimiento del sistema de responsabilidades en su vertiente preventiva, para que impacte principalmente en las áreas más visibles y sensibles de su actuar estatal, como son las relacionadas directamente con la prestación de los servicios públicos básicos, entre ellos, la seguridad, la procuración y la administración de justicia.
La degradación en la calidad de los servicios públicos está relacionada con la capacidad real de operación de los sistemas administrativos, los cuales prácticamente se encuentran en el abandono y a punto de colapsar. No podemos exigir el inicio, la integración, el seguimiento y el éxito de las investigaciones ministeriales en forma profesional, si no existe lo mínimo indispensable para desplegar su trabajo.
La corrupción y la impunidad están asociados a la incapacidad administrativa, aquí es donde debemos también redireccionar los esfuerzos públicos, sin que esto signifique que, al amparo del olvido, el mal servidor público tenga patente para corromper y extorsionar. Es impostergable implementar la transparencia y la rendición de cuentas, así como la auditoría social en todo el actuar de los servidores públicos, para legitimar y activar el sistema de responsabilidades administrativas; la contraloría social es la mejor prevención en contra de la corrupción y la impunidad, así como de las reclamaciones al estado por responsabilidad patrimonial.
Es una tarea pendiente que requieren los órganos de procuración de justicia: federal y estatales, así como toda la administración pública. Esto significa reacomodar el sistema administrativo para que realmente sirva a la ciudadanía y al propio Estado, evitando con ello, demandas patrimoniales y señalamientos injustos por aparentes acciones u omisiones en el servicio público que, en muchas ocasiones, son acompañadas de reclamaciones mal intencionadas, que solo tienen como única finalidad la obtención de un lucro indebido.
Consejero de la Judicatura Federal 2009-2014
