Como lo apuntamos en la última entrega en este espacio, en estos tiempos de pandemia, el crimen organizado está reaccionando de muy diversas formas a la situación que se nos presenta buscando reforzar su control y áreas de negocios. Esta crisis bien puede ser una oportunidad para ellos de consolidarse o para la sociedad y gobierno de México de adelantarse y cerrarles los espacios. En primer lugar, debemos entender que la delincuencia organizada (DO) es una empresa criminal que busca grandes ganancias por medios ilegales, ante todo es un negocio; en segundo lugar, es necesario superar el estereotipo del narco norteño, violento e ignorante, que solo trafica drogas para EU. Si bien, el uso de la violencia es la nota esencial de los nuevos grupos criminales, actualmente también los conforman profesionales con recursos a su disposición.
Los cárteles mexicanos, aprovechando la actual pandemia, al igual que el crimen organizado internacional están incursionando en la falsificación, alteración y control de la distribución de productos como son los medicamentos, insumos y equipo sanitario; esto es una grave amenaza para nuestra población y un gran negocio para ellos. Hace unos días se confirmó por algunos medios de comunicación que el CJNG había incursionado en la distribución y falsificación ilegal de medicina, y que a la fecha alcanza el 9% del mercado total en México. Algunas farmacias, pequeños distribuidores e incluso algunos laboratorios han sido obligados a vender medicamentos falsificados. Además han incrementado su actividad de control de equipos médicos y material sanitario y se multiplicó el robo al transporte de estos productos, así como la amenaza y la extorsión al personal de salud.
La Organización Mundial del Comercio (OMC) define a la piratería como la “reproducción no autorizada de materiales protegidos por derechos de propiedad intelectual (…) hecha con fines comerciales, y comercio no autorizado de los materiales reproducidos.” Bajo esta definición, incluimos todo tipo de productos sanitarios (gel, guantes, cubrebocas, máscaras, gafas, etc.), y medicamentos, que son reproducidos y vendidos sin las debidas autorizaciones para su comercialización. Los productos “pirata” no cuentan con las medidas de protección contra riesgos sanitarios exigidas por la legislación, por lo que pueden dañar gravemente la salud, resultando contraproducente para quienes los compran.
En el país, la Profeco, con base en denuncias de consumidores, realizó un operativo en el Centro de la Ciudad de México, donde inmovilizó y aseguró 1,435 productos “pirata”: contenedores de gel antibacterial y cubrebocas sin etiqueta.
A nivel internacional, la OMC, Interpol, Europol y otras fuerzas policiales y aduanales, reconociendo la actividad del crimen organizado internacional, implementaron la Operación Pangea XIII, en la que confiscaron 34,137 máscaras quirúrgicas. La Organización Mundial de Aduanas ha lanzado una plataforma de intercambio de información entre naciones sobre productos médicos apócrifos, para identificarlos y detener su tráfico ilícito.
Independientemente de los esfuerzos, debemos hacer una revisión de la letalidad que provoca el consumo de medicamentos falsificados y el uso de dispositivos e insumos médicos piratas, así como la apropiación del mercado por parte de organizaciones de la DO. Estos delitos pueden ser considerados graves, de prisión oficiosa y las investigaciones podrían realizarse con técnicas especiales que prevé la Convención de Palermo.
La revisión normativa del Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley General de Salud, la Ley Aduanera, la Ley de la Propiedad Industrial y las normas oficiales mexicanas, así como los tratados y convenciones internacionales, es un paso obligado.
Requerimos de una política pública más agresiva e integral que atienda este fenómeno delictivo, tanto a nivel nacional como internacional y en sus vertientes; preventiva, de procuración y de impartición de justicia. Solo así evitaremos que la DO se continúe fortaleciendo y ganando territorios.
Exconsejero de la Judicatura Federal
