La pandemia no solo es un problema de salud pública, sus efectos trascienden la esfera económica, social y política. La SCJN, el CJF, la mayoría de los tribunales superiores de justicia, el TFJA, la FGR y las fiscalías en general, entre otras instancias, han asumido con responsabilidad su mandato, logrando un equilibrio entre proveer los servicios de procuración y administración de justicia indispensables y garantizar que no asuman riesgos innecesarios los justiciables, aún poniendo en peligro la salud de los servidores públicos que también asumen ese compromiso solidario con la sociedad.
Estas instancias han dispuesto la ampliación del periodo de atención especial que implementaron desde el mes de marzo, pero ahora incrementando los servicios de justicia y su cobertura a través del uso de tecnología en telecomunicaciones, lo cual seguramente permitirá paliar el rezago que la pandemia provocó. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos loables, como la reciente Ley de Amnistía, que solo tendrá un efecto limitado y todavía menor sin el apoyo de los Estados, se tendrán que instrumentar acciones adicionales, como ha sucedido en los países que están saliendo de la emergencia sanitaria.
Sin embargo, estas positivas medidas implementadas por nuestras autoridades de procuración e impartición de justicia van a tener graves repercusiones en la vida nacional, que mas nos vale ir previendo. En España esperan que el sistema de justicia afronte complicaciones a su regreso a la operación normal, calificando como “la crisis que viene”, a la problemática que se previó era menor a la nuestra. En mi opinión, los órganos locales de procuración e impartición de justicia entrarán en crisis en cuanto reinicien su actividad normal, y los federales poco después.
México tiene 4 jueces por cada cien mil habitantes cuando el promedio de la OCDE es de 16. Cuando la pandemia nos sorprendió, la mayoría de los poderes judiciales locales, tenían juzgados sobresaturados con mas de un 100% de carga de trabajo, manejando plazos larguísimos para la solución de controversias y profundamente desacreditados, teniendo a la seguridad jurídica solo como aspiración; los bancos usan las dificultades que tienen para recuperar sus créditos, como pretexto para las altas tasas de interés que cobran. En materia penal, teníamos una tasa de impunidad aproximada del 98%, que seguramente se incrementará. La mala noticia es que con el frenón que vivimos, todo eso se agravará. La crisis económica y social se va a profundizar y la inseguridad se puede tornar inmanejable, y todo esto arrastrará al PJF como órgano revisor y de control de constitucionalidad de esas autoridades locales.
Los gobernadores y los congresos locales deben apoyar a los poderes judiciales con recursos y reformas legislativas que simplifiquen los procesos, tecnificar sus operaciones, agilizar los cobros y ejecuciones. Las agencias del MP no pueden ser de cobro y nadie debe ser encarcelado por deudas de carácter civil. Los bancos necesitan recuperar sus créditos, y hasta los que den como apoyo del gobierno, el Infonavit y el Fovisste también deben recuperar lo que presten. Seguramente habrá muchos contratos en litigio y hasta trabajadores reclamando indemnizaciones.
Se requiere dotar con más recursos a la FGR y en el PJF se deben cuidar sus recursos humanos especializados. El amparo no puede ser un instancia de casación. Las resoluciones de los poderes judiciales deben ser definitivas en la mayoría de los casos. El PJF solo vigilará la constitucionalidad de los actos. La justicia debe de ser gratuita, pero quien haga mal uso de esos recursos legales, debe ser sancionado y reparar el daño que causa al Estado. Se requerirá ampliar la labor de mediación y conciliación. Sería importante que el PJF hiciera público el costo por tramitar un amparo para dilatar los pagos, algunas veces de cuantías mínimas.
Esta problemática jurídica seguramente desalentará las inversiones que necesitará nuestra economía. Estoy cierto de la sensibilidad institucional de los responsables de la procuración y administración de justicia. Manos a la obra, se lo debemos a los ciudadanos.
Exconsejero de la Judicatura Federal
