Mi reconocimiento al Fiscal General Alejandro Gertz Manero y a todos los integrantes de la Fiscalía General de la República por la valerosa y apegada a derecho resolución emitida en el asunto seguido en contra del General Salvador Cienfuegos Zepeda . Esa resolución fortalece en nuestro País la vigencia plena del estado de derecho y el respeto a los derechos fundamentales de las personas.
El fácil acceso que tienen los grupos criminales mexicanos del sofisticado armamento militar norteamericano son un factor determinante que incrementa exponencialmente la capacidad de fuego, el poder intimidador de los grupos delictivos y las muertes violentas en nuestro País. Desde hace más de 16 años el tráfico de armas es un tema fundamental en la relación binacional, sin que se hayan obtenido avances substanciales en su contención. Desde 2005, nuestros gobiernos han tratado de detener la venta indiscriminada de armas de asalto en la unión americana, las que finalmente llegan a México.
En repetidas ocasiones el Presidente López Obrador ha insistido en la necesidad de replantear los esquemas de colaboración binacional en esa materia. La agenda del nuevo gobierno norteamericano, con la mayoría demócrata en ambas cámaras y la crisis financiera de la National Rifle Association son una oportunidad; la prohibición de la venta de armas de asalto y el control de las ya existentes, es un compromiso personal del Presidente Biden.
Como agenda prioritaria, el nuevo gobierno de EUA reconoce la problemática que representa y se propone prohibir la fabricación y venta de las armas de asalto, además, de retiriar las existentes de las calles; pretende exigir la revisión de antecedentes penales y llevar un registro de armas adquiridas; restringirá el acceso a armamento a las personas con problemas mentales, las que cometan delitos de odio, de agresión o violencia familiar y fugitivos; se responsabilizará a los adultos que den acceso a menores a las armas de fuego; perseguiría a los compradores fantasma; instituirá el registro de las personas que no calificaron para adquirir un arma de fuego; impondrá la obligación de notificar a las autoridades de la pérdida o robo de un arma; se reconocerá la responsabilidad civil de los fabricantes de armas; prohibirá su venta en línea; se desarrollará la tecnología que verifica la huella del usuario y, finalmente, se atenderá a todas las víctimas de violencia creando centros de atención.
De manera importante se empoderará al Departamento de Justicia para hacer cumplir las leyes, otorgándole recursos, reestructurará la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuergo y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) incluyendo la obligación de realizar un informe anual sobre el tráfico de armas que sirva para elaborar estrategias en el combate a ese flagelo.
No debemos permitir que los norteamericanos nos atribuyan toda la responsabilidad de evitar que se introduzca armamento clandestino a nuestro País, ellos deben impedir su exportación ilegal y terminar con la venta de armas a traficantes. Como lo propone nuestro Presidente, tomémosle la palabra al Presidente Biden y construyamos juntos el nuevo marco de cooperación en la materia.