Las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron el Dictamen de la Ley General para la Regulación del Cannabis. Este proyecto pretende girar sobre los ejes de protección de los derechos humanos, la regulación del mercado de la marihuana como medio para erradicar la violencia y debilitar al crimen organizado. Sin embargo, en mi opinión, el camino que se sigue es equivocado y no conduce al logro de los objetivos propuestos.
Dentro de los ajustes normativos, destaca la expedición de la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, cuya finalidad es establecer las normas generales para el uso lúdico o recreativo, uso personal o compartido entre quienes integran asociaciones de consumo; uso comercial para fines lúdicos de personas adultas, así como de investigación; médico, farmacéutico o paliativo, e industrial de dicha planta y, la creación del Instituto Mexicano del Cannabis, cuya responsabilidad será la de coordinar y coadyuvar con las autoridades sanitarias competentes las diversas actividades permitidas y definir las políticas públicas de control de cannabis y sus derivados. El dictamen se permitiría tener cuatro plantas de cannabis en los hogares y portaciones de hasta 28 gramos por persona.
La eficacia social de una norma implica que esta cree las condiciones para que se produzcan conductas acordes con lo previsto en la misma, que sea realmente obedecida y aplicada. La eficacia jurídica de la norma designa la cualidad de producir, en mayor o en menor grado, efectos jurídicos, al regular, los supuestos previstos en la misma generando como efecto de su aplicación jurídica, la eficacia y su aplicabilidad y exigibilidad. Es por lo cual, en algunos sistemas legislativos se exige no solo un análisis de impacto normativo o presupuestal, sino social y económico que garanticen la factibilidad y operatividad de la nueva norma. Estudios de impacto, que de efectuarse harían evidente la futura ineficacia e inaplicabilidad de la regulación que se pretende, ya no digamos del combate al crimen organizado.
En 2008, se reguló la posesión de drogas para consumo personal, no criminalizando la adicción, definiendo las competencias y estableciendo un obligatorio programa de rehabilitación para los adictos reincidentes. No obstante, sus loables intenciones, esa reforma produjo resultados contrarios, que mucho daño causaron, por no contar previamente con los estudios de impacto normativo, económico y social, lo que hubiera evitado el fracaso.
Con esas reformas se legalizó la posesión de droga de los pequeños distribuidores, quienes se aseguraron de no portar más de lo permitido y así, venderlo en antros y lugares de esparcimiento. Todo esto provocó una lucha entre los distintos cárteles por las mejores plazas, lo que incrementó la violencia.
El grave problema de delincuencia organizada que vive nuestro país y la gran penetración y corrupción que padecen las instancias locales, el Dictamen del Senado de la República, nos debiera explicar cómo va a lograr la nueva ley y el instituto propuesto, garantizar el derecho a un consumo lúdico, además de registrar, supervisar, proteger y garantizar la siembra, cosecha, procesamiento, distribución y consumo de marihuana y no permitir que el crimen organizado tome el control de esas actividades.
La legislación propuesta no garantiza que el Estado Mexicano realmente regule el mercado y aprovechamiento del cannabis. El riesgo es que los grandes grupos criminales se dedicarán más al fentanilo y serán las pequeñas pandillas o incipientes grupos delincuenciales quiénes controlarán la marihuana, habrá una lucha violenta por expandirse y crecer.
La cannabis es una droga de inicio y puede suceder que, al igual que en EU, gran parte de la juventud consumidora cambiará a las drogas sintéticas derivadas del fentanilo, que son más rápidas de producir, más baratas, más adictivas y letales. El crimen organizado busca el lucro económico y siempre forzará la demanda en los mercados para conseguirlo. Estoy cierto que esto no lo queremos los mexicanos, apelemos a los buenos oficios de nuestros legisladores por el bien de todos.
Exconsejero de la Judicatura Federal
