Para enfrentar el fenómeno de la delincuencia organizada (DO), principal generadora de la criminalidad en México, estimo necesario ajustar a profundidad la estrategia nacional. Se tiene la percepción equivocada de que los delitos cometidos por la DO son competencia de las autoridades federales, a pesar de que las entidades federativas pueden legislar y actuar en esa materia. Las excusas y la evasión de la responsabilidad institucional entre todas las autoridades locales es la constante.
Propongo un cambio de paradigma, a través de un auténtico Plan Nacional de Política Criminal, no político, sino técnico, jurídico y operativo, centrado en la problemática creada por la DO. En su diseño e instrumentación participarían los tres órdenes de gobierno, los diversos sectores de la sociedad, el PJF como órgano consultor y desde luego el Congreso de la Unión mediante la expedición y adecuación normativa necesaria, que resulte eficiente y no duplique esfuerzos.
Una política criminal del calado que se propone no puede realizarse sin un diagnóstico nacional que determine las capacidades de las autoridades encargadas de prevenir, investigar y perseguir a los grupos de DO, evidenciando el grado de infiltración que pudieran tener los grupos delictivos con esas autoridades y que tanto han penetrado en la sociedad.
Debemos pensar en estrategias preventivas, punitivas y resocializadoras, sustentadas en la salud, la economía, la educación y particularmente en la cultura del respeto al estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas. El plan requiere tener objetivos y metas muy claras, alcanzables, medibles y que la sociedad pueda darle seguimiento. No se puede seguir ignorando el fenómeno del narcomenudeo.
Se debe capacitar para profundizar en la investigación ministerial en materia de DO a fin de aprovechar al máximo las herramientas legales y tecnológicas, aplicar la terminación anticipada de los procesos penales con criterios de oportunidad, así como reforzar los registros de identificación de detenidos y procesados reincidentes, aun cuando usen identidades diferentes, así como concretar la formación de equipos de actuación coordinada a nivel internacional.
En cuanto al cumplimiento de penas en materia de DO deben aplicarse las modalidades que mandata nuestra Constitución. Así como obtener la reparación a través del aseguramiento y decomiso de todo bien, promoviendo la reparación integral a favor de las víctimas.
En materia penal las medidas no serían únicamente de carácter punitivo, sino económicas, dirigidas a estimular o desincentivar un determinado comportamiento incrementando los costos a quienes realicen conductas reprochables. Lanzar campañas publicitarias en los medios de comunicación masiva para fomentar la integración social y el rechazo a conductas delictivas, sería una de las grandes tareas sociales.
Con este plan se buscaría la creación de un Sistema Nacional de Política Criminal, con la participación de la sociedad civil, que conlleve a la elaboración de una propuesta de reformas legales, que incluya la expedición de una Ley General en materia de DO.
La sociedad no quiere más agravamiento de sanciones o incremento de prisión preventiva, exige que sus autoridades la protejan del fenómeno criminal que padece, y eso solo se va a lograr poniéndonos de acuerdo; una opción viable es el plan que proponemos.
