Parafraseando a Thomas Hobbes en El Leviatán, quien tiene la información, tiene el poder. Los gigantes de las redes sociales tienen en sus manos un gran poder ya que aprovechan la información privada de millones de usuarios.
Como se postula, en el documental El dilema de las redes sociales, “si no pagas el producto, el producto eres tú”; a los usuarios nos interesa que las compañías de redes sociales tengan límites claros en cuanto a su crecimiento en el mercado y el uso que dan a nuestra información.
La Comisión Federal de Comercio y 46 estados en EUA demandaron a Facebook por prácticas monopólicas; le acusan de aprovechar a las denominadas “startups” (empresas escalables en su etapa inicial de desarrollo) y de comprar aplicaciones como Instagram y WhatsApp, para consolidar su dominio en perjuicio de los consumidores de redes sociales. El resultado del juicio generará un precedente.
Por otro lado, adquirió dos compañías que se especializan en el análisis de datos de clientes para facilitar las compras en línea. Así se fortalece a WhatsApp como uno de los medios más utilizados, lo que incrementa las ganancias de Facebook y, además, permite la recopilación de datos de sus usuarios.
La Unión Europea (UE) busca tomar el control de la regulación a los servicios digitales y homologar la normatividad. La UE pretende regular las plataformas digitales con base en un umbral monetario y un número determinado de usuarios; por su parte, RU impulsa un análisis cualitativo para determinar a quién se debe regular.
La Comisión Europea publicó la Ley de Servicios Digitales, que incluye medidas destinadas a garantizar las mejores condiciones para el desarrollo de servicios digitales transfronterizos, con un entorno en línea seguro. No sólo pretende capacitar a los usuarios y proteger los derechos fundamentales, especialmente la libertad de expresión, sino que también impone obligaciones adicionales de responsabilidad a los intermediarios en línea.
Nuestra Constitución prohíbe los monopolios y las prácticas monopólicas, y ordena castigar severamente, entre otras cuestiones, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de algún grupo social. La COFECE inició una investigación por la venta de espacios de publicidad digital; destacando que solamente dos compañías acapararon el 65% del mercado. Por su parte, el IFT ha resuelto sobre la preponderancia de agentes en el mercado de telecomunicaciones, con el propósito de detener el dominio de una sola empresa en perjuicio de los consumidores.
No obstante, necesitamos de una política pública que articule los esfuerzos ya trazados y atienda de manera preventiva e integral los grandes retos del desenvolvimiento de las redes sociales, aprovechando sus bondades, pero también delimitando sus intereses y fines cuando estos sean nocivos. Valdría la pena estudiar con mayor detenimiento los esfuerzos europeos mismos que provienen de análisis normativos y de comportamiento de mercados y, no solamente voltear a la experiencia norteamericana que responde a los precedentes judiciales.
Solo así podremos estar ciertos de que contamos con una auténtica protección de nuestros derechos fundamentales y que estos no son utilizados de manera indebida para beneficiar a unos cuantos.
