En la mayor parte de los países, con motivo de la pandemia, se ha acelerado el desarrollo de la valoración jurídica de los medios electrónicos de comunicación y de las actuaciones judiciales. Antes de la pandemia, nuestro sistema legal y de justicia mostraba un serio atraso con respecto a otras economías; en la actualidad ese distanciamiento, ahora más profundo, y la falta de utilización de los avances tecnológicos en los procesos legales y judiciales se ha agravado, alargando los procesos, afectando el derecho humano de acceso a la justicia y frenando el desarrollo económico y la competitividad del País.
En ese sentido, el PJF se vio en la necesidad de acelerar los esfuerzos que venía construyendo, para brindar sus servicios en línea, impulsó su control electrónico de expedientes, la presentación de demandas de amparo y algunas audiencias en línea, pero continuó con el uso de expedientes en papel. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es la institución que presenta la versión de juicio en línea más acabado. En el PJF y en los Poderes Judiciales locales, se debería impulsar un verdadero juicio en línea.
Desde luego, que el argumento para no iniciar o continuar con la transformación y, me refiero a todos los órganos federales y estatales, es la escasez de recursos. Debemos voltear al análisis de los gastos erogados para la operación. El uso del papel, impresión, el manejo y resguardo de los expedientes físicos, así como su traslado y custodia entre los diversos órganos jurisdiccionales arroja costos sorprendentes que con una fracción de ellos bien pudiera financiarse cualquier proyecto de modernización.
Es imprescindible que México evolucione dejando atrás el papel y la tinta en beneficio de los justiciables, de la economía y de la ciudadanía en general, es necesario que aprovechemos los recursos que nos proporciona la tecnología para que la administración de justicia sea más rápida y efectiva. Debemos darles valor a las manifestaciones de voluntad que consten en medios digitales, a los documentos electrónicos, a las copias digitalizadas de constancias y documentos, en general tenemos que llevar los expedientes en forma electrónica, concederles valor a las diligencias y comunicaciones efectuadas por medios no presenciales, evitando los traslados innecesarios de personas y documentos.
Además de la agilización de los trámites judiciales, el proceso en línea favorece la impartición de justicia exigiendo mejores abogados postulantes, pero también mayor preparación de jueces, ministerios públicos y peritos, y la utilización del aparato de justicia solo en las causas verdaderamente necesarias y justificables.
La senadora Sánchez Cordero y el senador Monreal Ávila, propondrán una adición al artículo 121 constitucional para modernizar la función notarial, mediante la utilización de medios digitales y de comunicación electrónica, aprovechando la tecnología disponible en beneficio de la población; además, los reconoce como auxiliares en la impartición de justicia y les atribuye algunas funciones hasta ahora reservadas a los jueces. Aunque algunos aspectos de lo que se conoce de su propuesta pudiera invadir competencias locales, constituiría un paso más hacia el aprovechamiento de la tecnología en nuestro sistema legal, mejorando en general la impartición de justicia.
Consejero de la Judicatura Federal 2009-2014
