El 18 de noviembre de 2020 el Senado de la República aprobó el Dictamen para expedir la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis para legalizar el uso de la marihuana con fines personales, comerciales y científicos. Se creará el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis, dependiente de la Secretaría de Salud, que regulará y vigilará la aplicación de la ley.
En los países donde ha sido legalizada la marihuana, su consumo se ha incrementado de manera significativa y los gobiernos se han visto obligados a implementar políticas públicas correctivas y de control. Nuestros legisladores han dejado atrás el debate sobre la legalización. Ahora debemos cuestionarnos si este es el momento oportuno para tomar esta medida y debe quedar claro si se trata de enfrentar un problema de salud pública o de crear una nueva área de negocios.
La producción y distribución del cannabis está ahora en manos de la DO, y si no hemos sido capaces de contener a esos criminales, no veo cómo vamos a poder quitarles el control sobre el mercado de la marihuana. La presión e intimidación sobre los alcaldes y sus cuerpos de seguridad será más severa, ¿cómo van a controlar la distribución de la marihuana? Las empresas que se dediquen a su comercialización requerirán de protección especial que ahora no se ha podido otorgar a las empresas de todo género que sufren ataques y extorsión por parte de la DO; los centros de rehabilitación seguramente serán espacios proclives a los ataques y masacres de sus internos. Los que no consumen cannabis, que son la mayoría de la población, también tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, que por ahora se los impide la inseguridad provocada por la DO.
Las organizaciones criminales internacionales incursionarán en la venta lícita de la marihuana, y tratarán de introducir sus productos prohibidos. Antes de implementar la legalización de la marihuana, es necesario crear políticas públicas a través de las cuales se puedan implementar las acciones y controles sobrerregulados que prevé la ley. Los impuestos que se recauden por el comercio de estos productos deberán en primer lugar financiar la estructura administrativa y de supervisión que se requiere para implementar la nueva ley y en segundo término establecer programas de prevención y rehabilitación para la población
Independientemente del incremento en el consumo de cannabis, el control por parte de la DO sobre el mercado de la droga implica, como ha ocurrido en los Estados Unidos, que se cree una nueva demanda de drogas sintéticas que fortalecerá los mercados ilegales y enviciará principalmente a adolescentes y jóvenes escolares.
La verdadera causa de la violencia homicida en el país es la lucha entre las bandas por el control del narcomenudeo en las principales plazas; mientras las fuerzas del orden no se impongan, el aumento en la tolerancia sobre la cantidad de cannabis que se puede portar solo incrementará la capacidad de distribución de la DO y hará más cruenta y violenta la lucha por los espacios de venta. Por no prever las consecuencias reales y la factibilidad de su implementación, la reforma al narcomenudeo de 2009 fue un conjunto de buenas intenciones que empedraron el camino al infierno de delincuencia y violencia que hoy sufrimos. Ojalá esa historia no se repita.
Exconsejero de la Judicatura Federal
