El caso de la saxofonísta oaxaqueña María Elena Ríos , víctima de un ataque con ácido que le provocó graves lesiones en el rostro y cuerpo en septiembre de 2019, perpetrado materialmente por cuatro cómplices y ordenado presuntamente por su expareja, entonces diputado, preso desde marzo de 2022, sigue causando indignación, porque por orden judicial continuaría su proceso en prisión domiciliaria.
La agraviada señaló que las instituciones de procuración e impartición de justicia son ineficientes e ineficaces. Las víctimas son revictimizadas porque los agresores difícilmente son sentenciados y la justicia es lenta para ellas, en tanto que, para sus agresores, es laxa y les beneficia. Malena denunció ser una víctima más de esta violencia institucional.
Las mujeres están a merced de la violencia social e institucional, por lo que se requiere un cambio en las normas vigentes. La Diputada de Morena, Marcela Fuentes , de la CDMX, considera necesaria la creación de un tipo penal específico para los ataques dolosos con ácido o cualquier otra sustancia que provoque lesiones en contra de las mujeres y calificarlos como tentativa de feminicidio.
A esta propuesta le da el nombre de “Ley Malena ”, que es una referencia directa a la víctima María Elena Ríos. Con este tipo no solo se pretende castigar la violencia ácida que han sufrido muchas mujeres, también se muestra a la sociedad y autoridades la necesidad de erradicar toda forma de violencia generada en su contra.
La iniciativa propuesta por la diputada considera los ataques con ácido como violencia feminicida y le otorga un tratamiento diferenciado y específico, sostiene que el agresor en este tipo de conductas pretende “borrar” a la mujer, por lo que su intencionalidad es todavía más grave. Toda violencia a la mujer independientemente de su modalidad, debe castigarse con la mayor severidad. Lo relevante de la iniciativa es que visibiliza nacionalmente el problema, y genera conciencia de la necesidad de tomar acciones.
En nuestra opinión la descripción típica de la conducta debe ser mejorada, el bien jurídico tutelado debe ser precisado y no se debe de incluir una modalidad dentro de la descripción de la conducta. Como política criminal debe ser ampliada más allá de las medidas punitivas. Esos lamentables hechos requieren de cambios en nuestro sistema de impartición de justicia y educativo, incluso en el núcleo familiar y el reforzamiento de valores y en general muchas más acciones de emparejamiento de las que ahora se efectúan.
Los cambios requeridos no son únicamente obligación de las autoridades, ni se limitan al ámbito del derecho penal, corresponde a toda la sociedad cambiar sus valores y formación de los jóvenes. Todos los proyectos legislativos así como las actuaciones ministeriales y judiciales deben efectuarse con perspectiva de género y acciones de emparejamiento que eliminen el menosprecio y la desigualdad que hasta ahora han sufrido las mujeres.
Podemos proponer que a dicha legislación se le agregue la obligación para las autoridades ministreriales y judiciales que intervengan en estos casos estén certificados en perspectiva de género, violencia feminicida y apoyo a víctimas, para que ayuden y entiendan a las afectadas. Solo una política criminal integral que considere todas las variables del fenómeno delictivo puede tener viabilidad institucional y social
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