La violencia relacionada con el narcotráfico en México ha generado una crisis humanitaria que ha afectado profundamente tanto a nivel individual como colectivo. Esta se manifiesta en diversas formas, como homicidios, desapariciones, extorsiones y desplazamientos forzados, no solo es provocada por los grupos delictivos, sino también por las políticas gubernamentales que, en su intento de combatir estos grupos, han exacerbado la inseguridad en lugar de controlarla. Las familias de las víctimas han sufrido pérdidas irreparables, no solo de seres queridos, sino también de estabilidad económica y emocional, lo que las deja en un estado de vulnerabilidad extrema.
El Estado tiene la responsabilidad de crear políticas públicas que no solo se enfoquen en la represión del crimen, sino que también aborden las causas subyacentes de la violencia y protejan a las víctimas. Es imprescindible que las políticas sociales y públicas en México se fundamenten en un enfoque basado en derechos humanos. Las normativas internacionales de derechos humanos brindan pautas específicas acerca del proceder estatal ante crisis humanitarias, lo que incluye responsabilidades como prevenir actos de violencia, otorgar protección a quienes han sido perjudicados y asegurar su acceso a la justicia y medios de reparación.
No obstante, la aplicación de estas normas en México ha sido deficiente, existiendo una clara brecha entre los estándares internacionales y su ejecución práctica dentro del país. A pesar de sus compromisos legales, el Estado mexicano ha demostrado una marcada dificultad para formular e implementar estrategias de política pública que realmente atiendan las necesidades de las víctimas. Esta inacción no solo significa un incumplimiento de responsabilidades a nivel internacional, sino que también contribuye a mantener el estado de inseguridad y riesgo que afecta a millones de personas.
Tanto el crimen organizado como el tráfico de drogas ocasionan víctimas tanto directas como indirectas. Las primeras experimentan daños físicos, psicológicos o financieros derivados de la violencia relacionada con estas actividades ilícitas. Por otro lado, las víctimas indirectas, que son los familiares y amigos de quienes sufren agresiones directas, enfrentan repercusiones secundarias producto de dicha violencia, y es esencial brindar atención a ambos grupos.
El desarrollo de políticas públicas en México debe enfocarse en ser inclusivo y participativo, involucrando a las víctimas y a la sociedad civil en todas las etapas del proceso. Esta estrategia debe incluir medidas de prevención, protección, y reparación, y debe estar respaldada por un marco legal robusto y un financiamiento adecuado. Asimismo, el Estado debe establecer mecanismos de monitoreo y evaluación para asegurar que las políticas implementadas sean efectivas.
La falta de fondos es el principal desafío para implementar las políticas y acciones gubernamentales propuestas. Sugerimos renegociar los acuerdos de extradición y colaboración con Estados Unidos para garantizar que México reciba al menos la mitad de los activos incautados por las autoridades estadounidenses a narcotraficantes y funcionarios corruptos, así como de los bienes recuperados de procesos de lavado de dinero. Estos fondos podrían ser fundamentales para apoyar programas sugeridos y asistir a las víctimas.
