En México hay 93.8 millones de usuarios de teléfonos celulares, que con el uso de las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación e interacción de la comunidad. Estas han probado ser un vehículo idóneo para la denuncia anónima ciudadana y la fiscalización ciudadana de la actuación de policías, fiscales y jueces. Recién nos han demostrado su alcance y efectividad cuando son replicadas en los medios masivos de comunicación.
La población tradicionalmente ha desconfiado de la denuncia formal o anónima, y de los medios telefónicos y electrónicos implementados; en muchas ocasiones la delincuencia común y la delincuencia organizada (DO) han utilizado la denuncia anónima para desinformar a las autoridades. Sin embargo, hemos sido testigos de que, cuando se viraliza un hecho delictivo captado en video y que es publicado en las redes, la autoridad atiende la denuncia y la sociedad efectúa un verdadero escrutinio en esa vía. Tres hechos recientes sirven como ejemplo: 1. La persona que golpeó a un trabajador menor de edad en un lugar de comida rápida en SLP; 2. El caso de la mujer apuñalada en la vía pública por un hombre en León y; 3. El empresario fallecido, posiblemente víctima de adulteración de bebidas en un antro en el Edomex. Estos hechos tienen un común denominador, la agresión a las víctimas fue visibilizada en las redes sociales con la exigencia a las autoridades de dar resultados.
En nuestro país, desde el año 2005, para combatir a la DO, diversas autoridades han tratado sin éxito de replicar el modelo que implementó Leoluca Orlando en Palermo en la década de los 90, de movilizar y articular a la sociedad para enfrentar al crimen. Pues bien, las redes sociales y el uso de celulares pueden lograr eso entre los jóvenes y con la nueva sociedad mexicana.
Así, la justicia puede llegar de la mano de los ciudadanos que participan en la búsqueda del criminal desde el lente de su celular inteligente o el de sus cámaras de seguridad y no sólo depender de los C5 de la policía y sus investigaciones. Esta colaboración ciudadana para el esclarecimiento de crímenes no es la que surge a petición de las propias autoridades, pues se trata de una acción de la ciudadanía indignada, ávida de justicia y harta de la impunidad, que participa y exige resultados.
El involucramiento de la ciudadanía en el combate a las mafias es fundamental, anteriormente redoblaban las campanas del templo y la población acudía, en muchos casos llegando a linchar delincuentes. Ahora los hechos se denuncian por las redes sociales, la población se intercomunica y aporta pruebas, pero sobre todo visibiliza la actuación de la autoridad y le exige resultados.
Ante la epidemia del fentanilo que toca nuestra puerta, la mejor forma de defender a nuestra juventud es impulsar la denuncia anónima de narco-tienditas y distribuidores en nuestro entorno, exhibiendo la posible complicidad o protección de las autoridades de la comunidad, fiscalizando su actuación y exigiendo resultados.
Los medios de comunicación potencian a las redes sociales y son ideales para obligar a que las autoridades rindan cuentas, transparenten su actuación y que la ciudadanía las fiscalice permanentemente. Es una alternativa de movilización y concientización social. Debemos considerar que los grupos delincuenciales hace tiempo que están implementando su estrategia de manejo de redes.
Consejero de la Judicatura Federal 2009-2014