Nuestro régimen constitucional de federalismo y división de poderes, incluyendo la Suprema Corte y su fundamento, son una mala copia del sistema norteamericano. Con motivo de la iniciativa de reforma al poder judicial, sería importante observar los esfuerzos que se hacen en los Estados Unidos para reformar su Suprema Corte y su poder judicial federal. El presidente Joe Biden está contemplando una reforma significativa para la Corte Suprema de EE. UU. con el objetivo de abordar las preocupaciones persistentes sobre la imparcialidad y los estándares éticos del tribunal.
La propuesta de Biden incluye la implementación de límites de mandato para los jueces, específicamente un límite de 18 años. Históricamente, los jueces han servido mandatos cada vez más largos debido al aumento de la esperanza de vida. Por ejemplo, la duración promedio de los mandatos se ha extendido de 15 años antes de 1960 a 26 años desde 1970, con algunos jueces como Clarence Thomas sirviendo más de tres décadas. Este mandato extendido ha llevado a una corte que puede no reflejar los valores y la demografía contemporáneos. Los límites de mandato reducirían la práctica de jubilaciones estratégicas, en las que los jueces sincronizan sus retiros con un clima político favorable, garantizando así un tribunal más equilibrado y menos influenciado políticamente.
Además, la propuesta de Biden incluye la introducción de un código de ética formal y vinculante para los jueces de la Corte Suprema. Actualmente, los jueces son los únicos jueces federales que no están sujetos a tal código. Los recientes escándalos, como el de Clarence Thomas aceptando viajes de lujo de un donante del Partido Republicano y la venta de una propiedad al CEO de un bufete de abogados, han intensificado los llamados a una mayor responsabilidad. Un código de ética vinculante exigiría la divulgación de regalos y viajes, establecería pautas claras para la recusación en casos de posibles conflictos de interés y promovería la transparencia.
Este movimiento cuenta con un fuerte apoyo del público, con aproximadamente el 90% de los estadounidenses a favor del establecimiento de un código de conducta para los jueces de la Corte Suprema. La opinión pública revela una frustración generalizada con su Corte Suprema, que muchos perciben como cada vez más influenciada por la ideología en lugar de ser un árbitro imparcial de la justicia.
El camino para implementar estas reformas está lleno de desafíos. Instituir límites de mandato probablemente requeriría una enmienda constitucional, un proceso formidable similar al requerido en México. Alternativamente, podrían perseguirse cambios estatutarios, pero estos seguramente enfrentarían desafíos legales dada la
disposición constitucional que establece que los jueces federales ocupan su cargo "mientras mantengan una buena conducta". Además, la transición a este nuevo sistema requeriría una planificación cuidadosa, especialmente en relación con los jueces actuales. Las opciones podrían incluir la expansión temporal de la corte o la reasignación de funciones una vez alcanzado el límite de mandato para garantizar una transición suave sin interrumpir la funcionalidad del tribunal.
La problemática de las Supremas Cortes de los dos países es muy similar, será importante observar estas soluciones propuestas y considerar su posible validez para el problema mexicano.
