La reciente reforma constitucional al Poder Judicial (PJ) de México ha traído cambios importantes en la estructura del sistema de justicia, incluyendo la posibilidad de que jueces, magistrados y ministros sean elegidos mediante voto popular. Aunque esta medida busca acercar el PJ a la ciudadanía y promover la transparencia, plantea retos significativos que deben abordarse en la legislación secundaria para asegurar la independencia judicial.
El principio de independencia judicial tiene dos dimensiones fundamentales: la independencia externa y la interna, ambas cruciales para el funcionamiento del PJ y la protección de los derechos ciudadanos. La independencia externa se refiere a la autonomía del PJ frente a influencias externas, como el gobierno, el poder legislativo y otros poderes fácticos. Esta autonomía garantiza que las decisiones de los jueces se basen únicamente en los hechos y el derecho, sin verse afectadas por intereses políticos, económicos o sociales, protegiendo así la integridad del proceso judicial y la confianza pública.
La independencia interna, por su parte, se enfoca en la autonomía individual de cada juez, especialmente en los tribunales colegiados. Cada juez debe poder expresar libremente sus puntos de vista al emitir una sentencia, sin coacciones de pares o superiores. Esta autonomía fomenta la pluralidad y el debate jurídico, enriqueciendo la jurisprudencia y contribuyendo al desarrollo del derecho.
En el sistema disciplinario del PJF, no se establecieron claramente los límites a la libertad de criterio e independencia judicial, lo cual facilitó algunos abusos difíciles de acreditar. Este no es un problema exclusivo de México; actualmente, en Estados Unidos se debate la reforma propuesta por el Presidente Biden para limitar el criterio de la Corte Suprema. La rendición de cuentas en el sistema judicial se basó en criterios cuantitativos, sin un análisis cualitativo que permitiera evaluar el desempeño judicial en profundidad. Las métricas se limitaron al número de resoluciones o la velocidad de resolución, sin considerar la calidad de las decisiones.
Si bien es fundamental establecer un tribunal disciplinario, es crucial definir los límites de su actuación en las leyes secundarias para evitar abusos y garantizar que la independencia judicial no sirva de excusa para la falta de responsabilidad. Es necesario encontrar un equilibrio entre proteger la autonomía judicial e imponer estándares que evalúen de manera integral el desempeño de jueces y magistrados. Además, se precisa un código de ética con conceptos claros, vinculante y ejecutable.
El Tribunal de Disciplina Judicial debe supervisar y sancionar a jueces y magistrados por faltas graves, como corrupción y abuso de poder. Es fundamental que la legislación secundaria establezca salvaguardas claras para evitar que el Tribunal se convierta en un órgano inquisidor que limite la capacidad de los jueces para actuar conforme a sus
convicciones jurídicas, especialmente considerando que el órgano de investigación forma parte del propio tribunal. Los procedimientos disciplinarios deben ser transparentes, objetivos y respetuosos del debido proceso, y las sanciones deben ser proporcionales y basadas en criterios legales claros. De lo contrario, se comprometería la función judicial, afectando la confianza pública y debilitando la imparcialidad judicial.
