Después de la puesta en operación y los resultados que se han obtenido, resulta evidente que nuestro sistema acusatorio adversarial requiere de ajustes y adecuaciones. En la mayoría de los países del mundo donde se ha implementado este sistema, después de cierto tiempo de operación, se han hecho adecuaciones acordes a las necesidades concretas en materia de procuración e impartición de justicia que mandata su realidad social.
Son urgentes las reformas y deben incluir varios puntos que tienen que ajustarse para la mejor operación del sistema, pero en nuestra opinión, para que esas modificaciones se efectúen en el sentido correcto, se requiere tomar en cuenta las siguientes consideraciones.
En primer lugar, las fallas en el sistema de justicia penal no pueden ser responsabilizadas por los problemas de seguridad pública, ni tampoco puede ser considerado como la solución. El derecho penal es institución de última ratio, y su objetivo es sancionar y eliminar la impunidad, no proteger a la sociedad y prevenir el crimen.
En segundo lugar, debemos distinguir entre los problemas de seguridad pública, criminalidad ordinaria y delincuencia organizada. Estos ámbitos no pueden ni deben ser prevenidos, combatidos y juzgados con las mismas leyes y autoridades.
Nuestro sistema penal acusatorio requiere que se refuerce la llamada doble o múltiple vía penal. El derecho penal que juzga a los ciudadanos no puede ser el mismo que se utiliza para juzgar a la delincuencia organizada, ni las sanciones pueden ser iguales. Es importante mencionar que uno de los principios del sistema acusatorio es la igualdad de armas entre las partes, y el ministerio público es una más en el proceso, con las mismas ventajas y recursos que la parte acusada y así debe armar la carpeta de investigación y reunir los datos de prueba. En materia de delincuencia organizada los criminales tienen una ventaja real frente al Estado, por su gran cantidad de recursos, su poder corruptor, despliegue y arraigo territorial, junto con su poder armado, por lo que las reglas procesales suplen esa deficiencia.
Las policías en México son una tragedia, hay que reinventarlas, necesitan más recursos y capacitación. Se debe empezar por las policías municipales y estatales, que tienen un contacto directo con la comunidad; la Guardia Nacional solo resolverá una parte del problema. Las policías de investigación deben reforzarse, para que sean una verdadera policía científica dirigida por un fiscal investigador. En nuestro país el ministerio público prácticamente no investiga ni persigue los delitos, muy pocos fiscales lo saben hacer de acuerdo con un plan estructurado, y aún menos encabezan la indagatoria, el impulso procesal se deja totalmente a las víctimas. La lacerante impunidad que padecemos exige cambios a fondo en nuestro aparato de persecución del delito. Actualmente no se investigan ni el 10% de los homicidios y mientras exista este delito sin investigar y castigar, la violencia seguirá creciendo.
Independientemente del necesario cambio a la legislación penal y procesal, para fortalecer el sistema de justicia, se requiere crear instituciones más sólidas, implicando esta necesaria renovación desde la más pequeña policía municipal, las fiscalías, tanto locales como la nacional, y los poderes judiciales. Se tiene que dotar de mayor capacidad financiera a estas instituciones para que puedan aumentar su eficiencia. Actualmente los recursos con que cuentan son muy escasos para las tareas básicas que tienen que realizar, pero siempre con un nuevo y ciudadanizado sistema de supervisión y rendición de cuentas y responsabilidades.
Además, las reformas penales tienen que estar dirigidas a eficientar la actuación de las policías y del ministerio público, a través de la formación de personal especializado en investigación de delitos de alto impacto, actuando con base en protocolos de actuación a nivel nacional e internacional.
En suma, la reforma penal debe contribuir radicalmente al fortalecimiento de las autoridades responsables de procurar e impartir justicia en nuestro país. Ello, tendrá como consecuencia la reducción a mediano y largo plazo, la erradicación tanto de la impunidad como de la corrupción.
Exconsejero de la Judicatura Federal
