Todos hemos conocido las investigaciones que en EU se llevan en contra del expresidente Trump. La más difundida es la que el Congreso lleva por los hechos suscitados el 6 de enero de 2020, que ha sido exhaustiva y difundida como una superproducción televisiva; existen otras investigaciones por malas prácticas empresariales en Nueva York, adeudos fiscales y por la sustracción al término de su mandato de cajas de información que contenían documentos de secreto máximo y seguridad nacional pertenecientes al Archivo Nacional y que no deberían estar en su posesión.
Al ser nuestro sistema federal y de gobierno tan parecido al norteamericano, es de especial interés observar cómo funcionan la división de poderes y los equilibrios entre los órganos autónomos y la administración pública en ese País.
El allanamiento que efectuó el FBI por órdenes del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y con autorización judicial, cimbró su sistema jurídico y político. Por varios meses personal de la Dirección Nacional de Archivo estuvo requiriendo a los representantes del expresidente y solo se logró la devolución de algunos documentos no relevantes. Conociendo los documentos que faltaban y en dónde se encontraban, el DOJ solicitó la orden de allanamiento a un juez de Florida para entrar y asegurar los documentos sustraídos y señaló a Trump como probable responsable de tres crímenes: violación a la Ley de Espionaje, obstrucción de la justicia y destrucción de documentos.
Efectuada la diligencia, ante las críticas del propio Trump y de los republicanos, en una inusual declaración sobre un asunto en curso, el Fiscal Garland informó que se habían recuperado “una veintena de cajas, incluidas once colecciones de materiales clasificados”. Además, señaló que si el expresidente estaba de acuerdo haría pública la orden de allanamiento. La prensa solicitó que se dé a conocer la declaración jurada que dio sustento al allanamiento, esta petición fue secundada por Trump. El DOJ se opuso alegando que podría alterarse el curso de la investigación y afectar derechos y reputaciones de personas referidas en esta.
Merrick Garland, con una carrera de 25 años como juez, en el 2016, Obama lo impulsó como Juez de la Corte Suprema, pero fue bloqueado por los republicanos, tiene ahora la obligación de investigar al expresidente Donald Trump por la sustracción de documentos y los hechos que le pudiera derivar la Comisión del Congreso sobre su responsabilidad en los disturbios del 6 de enero del 2020. Los republicanos han cuestionado su imparcialidad, pero ha respondido que su formación de juez le permite actuar objetivamente.
En su propuesta de designación el presidente Biden, estableció como prioridad al próximo Fiscal, la reconstrucción de la independencia del DOJ que algunos consideraron dañada después de la intromisión de Trump en la investigación que James Comey efectuó cuando estaba al frente del FBI, en contra de Hilary Clinton por el uso de un servidor privado y la destrucción de emails oficiales. Comey hizo pública esa indagatoria días antes de la elección. Hay quienes vieron la incursión en la residencia de Trump como la venganza del FBI.
Más allá de cuestiones políticas, cuando las instituciones son sólidas y los equilibrios constitucionales funcionan, el Estado y la democracia se fortalecen garantizando a la ciudadanía el ejercicio de sus libertades y el respeto de sus derechos.
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