La pandemia ha llevado al sistema de justicia al límite de sus capacidades. Las judicaturas, fiscalías, y tribunales autónomos han respondido para seguir brindando su servicio sin interrupciones, tomando medidas para atender las causas urgentes o que requieren de atención inmediata, apoyándose para ello en toda la tecnología a su disposición.
Debe distinguirse entre el uso de herramientas informáticas en la gestión administrativa para la impartición de justicia, de su empleo como herramienta para el enjuiciamiento e impartición de justicia. El uso de las tecnologías de la información en el campo del derecho no es de reciente acuñación. El derecho informático data de los años 70s cuando en Alemania el Dr. Wilhelm Steinmuller hizo por primera vez referencia al mismo.
Para enfrentar la pandemia, la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) este año aprobó los "Lineamientos sobre videoconferencias en procedimientos judiciales”, los “Manuales para el uso de Tableros Judiciales” y abordó el “Tema de la certificación de las herramientas de inteligencia artificial”.
La relación entre Inteligencia Artificial (IA) y derecho nos ofrece una nueva forma de resolver conflictos. Se trata de los denominados “jueces robot”, es decir, algoritmos diseñados para dirimir controversias conforme a derecho y sin intervención humana. De ser viable, la justicia robótica cambiaría drásticamente la forma en la que las sociedades imparten justicia.
Contar con IA en el ámbito judicial podría superar los relatos de ciencia ficción antes de lo que creemos. En su última reunión plenaria, la CEPEJ acordó continuar la discusión sobre un mecanismo de certificación para herramientas de IA en materia judicial y legal.
En México, el sistema de seguimiento electrónico de los expedientes judiciales y el juicio de amparo en línea implementados por el CJF, la nueva sistematización de los precedentes judiciales por la SCJN, el juicio en línea en el TFJA y la apertura virtual de carpetas de investigación por la comisión de delitos no violentos impulsadas por las fiscalías, es un avance.
Sin embargo, es en el campo de la IA donde debemos enfocar los esfuerzos tecnológicos. No se trata de sustituir a los operadores jurídicos, sino hacer uso de la tecnología para sistematizar y analizar de forma automatizada la información con que se cuenta en las bases de datos oficiales y, a partir de ahí, crear procedimientos de procuración y administración de justicia que eficienticen sus labores mediante la utilización de esta herramienta, de tal forma que los esfuerzos se focalicen a lo estratégico.
La IA también pudiera ser utilizada en otros campos vinculados a la justicia, como son la calidad de las resoluciones y la perspectiva de género, entre otras, más aún servirían para fortalecer las acciones en el combate a la delincuencia organizada, la corrupción y la rendición de cuentas.
La IA deberá practicarse en un marco de pleno respeto al derecho de acceso a la justicia, a la protección de los datos personales y el ejercicio de las libertades de expresión y asociación; solo así puede tener cabida. El negarnos a la modernidad solo nos alejara más del cumplimiento del mandato constitucional de justicia pronta y expedita. Es nuestro deber, como ciudadanos, coadyuvar en la procuración de este mandato constitucional.
