La impartición de justicia representa una parte de los derechos humanos que los estados democráticos están obligados a garantizar. Desde los primeros años de este siglo, el Poder Judicial de la Federación, los de las entidades federativas y los Tribunales especializados, siguiendo a sus homólogos en España, Gran Bretaña y Estados Unidos, hicieron esfuerzos para aprovechar la comunicación digital y la tecnología informática a favor de la ciudadanía, a pesar de que el foro jurídico se ha resistido a la utilización de las herramientas informáticas por la falta de credibilidad que existe en el aparato estatal y la disminución del contacto directo con los impartidores de justicia.
Estos esfuerzos repercutieron en reformas legales federales y locales, para encauzar los procedimientos jurisdiccionales como el juicio de amparo en línea, tramitado ante los Jueces de Distrito o el juicio de nulidad ante las distintos Magistrados de salas contenciosas administrativas.
Ante la pandemia que nos aqueja desde el mes de marzo, los medios electrónicos e informáticos se constituyeron en el medio de acceso de los justiciables ante los impartidores de justicia; recurso que garantiza, aunque en forma limitada, la protección de sus derechos e intereses y resolución de conflictos, sobre todo en aquellos casos urgentes que requerían de atención inmediata para tener un acceso efectivo a la jurisdicción.
Lo anterior nos mueve a reflexionar en la necesidad de dar el siguiente paso, en el empleo de herramientas tecnológicas para mejorar nuestra impartición de justicia. En los países que nos han servido de modelo han ido más allá en el empleo de herramientas tecnológicas que ya son una realidad en el campo del derecho procesal, particularmente me refiero a la “inteligencia artificial”.
La “inteligencia artificial” no es ni será el medio para la sustitución de los operadores jurídicos, sino solo el instrumento para auxiliar a los responsables de la impartición de justicia en aquellos actos mecánicos dentro de los procedimientos jurisdiccionales que se desahogan ante los jueces o magistrados y puede usarse de manera predictiva o como una herramienta que proponga soluciones a un caso.
Ejemplo de ello, pudiera aplicarse en materia de amparo, para la calificación de los requisitos de admisión de una demanda que prevé la propia ley, los acuerdos a través de los cuales se mandatan las notificaciones o inclusive, la aplicación de algoritmos para la identificación de precedentes o la determinación de sanciones por cuantía o los recargos por mora en el cumplimiento de normas impositivas.
En Estados Unidos, particularmente en el estado de Wisconsin, en el 2016 se aplicó la “inteligencia artificial” en la resolución de un caso en materia penal. En Europa se están haciendo esfuerzos para la incorporación de estos avances tecnológicos y se trabaja en la adopción de un plan de acción conjunta por parte de la Comunidad Europea desde 2018 y con resultados tangibles en 2020, en áreas clave como la investigación, la inversión, la introducción en el mercado, las capacidades, el talento, los datos y la cooperación internacional.
El Centro de Justicia de las Américas ha señalado que nuestro país no cuenta con suficientes impartidores de justicia de acuerdo al número de su población, si a eso le sumamos la carga administrativa y mecánica que desempeñan, los resultados están a la vista.
Estamos frente a una gran oportunidad para que el Estado mexicano adopte una política pública de corto y mediano plazo, a fin de que los sistemas de justicia migren e innoven en el uso de las tecnologías electrónicas que puedan dar respuesta inmediata, inclusive también ante la vulnerabilidad en la que se encuentran los impartidores de justicia frente al crimen organizado. La tecnología puede ser una respuesta a esta demanda, mucho más barata y con mayor facilidad de implementación.
No lleguemos nuevamente tarde a la utilización de la tecnología en el derecho. En la etapa de implementación de bases de datos, tardamos más de 30 años. No repitamos la misma historia, se lo debemos a los justiciables.
Exconsejero de la Judicatura
Federal
