El servicio público demanda un alto sentido de responsabilidad y se rige bajo los principios constitucionales de objetividad, congruencia, exhaustividad y verdad material, entre otros, los cuales son de observancia obligatoria para todos los servidores públicos, incluidos los de la FGR.
Omar Gómez Trejo, anteriormente secretario técnico del GIEI, hace unos días anunció su renuncia al cargo de Fiscal para el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, cargo al que había accedido por ser apoyado por los familiares de las víctimas y por algunas OSC. La causa que aludió fue que el Fiscal General actuó en su contra, al solicitar a la autoridad jurisdiccional la cancelación de unas órdenes de aprehensión que, a juicio de la Fiscalía, no contaban con los elementos suficientes para probar la responsabilidad en la siguiente etapa procesal.
El fiscal Gómez Trejo se victimizó frente a un supuesto abuso de poder para ocultar fallas en su actuación. Los fiscales especiales son los responsables de la integración de las carpetas y frente a las autoridades jurisdiccionales serán, solo ellos, quienes sostengan las imputaciones debiendo sustentarlas con datos de prueba suficientes. Gómez Trejo estaba mancillando sin elementos la imagen de una institución fundamental para la República como lo son nuestras FA.
Bajo este contexto constitucional y legal, pareciera que lo que sucedió en esta investigación, fue que el Fiscal Especial no estuvo a la altura de miras que el Estado mexicano depositó en él, las sentencias absolutorias no condenatorias así lo evidencian. Consignó a 84 personas basado esencialmente en un solo testigo, lo cual refleja errores básicos en una investigación. Claro que era suficiente para obtener las ordenes de aprehensión correspondientes, pero no para sostener sentencias condenatorias. Lo más grave es que pudiera ser una forma de generar impunidad, puesto que no se les podría volver a juzgar por esos delitos.
La pregunta que todo abogado se hace es ¿cuál era la prisa de forzar las consignaciones? Por lo que se ha difundido en los medios de comunicación, pareciera que las investigaciones todavía no tenían la suficiente madurez. Quizá la respuesta esté en las liberaciones que se producirían de policías procesados. La imagen del Fiscal Especial se desacreditaría. La bandera del abogado profesional, objetivo y acucioso que enarbolaron algunas de las OSC que apoyaron su nombramiento, se afectaría.
México requiere de servidores públicos profesionales, la imagen de la FGR no puede quedar afectada por descalificaciones de malos servidores públicos de la propia institución. Seguramente las instancias de control interno actuarán para clarificar los hechos y procesar a los responsables, mientras tanto, Omar Gómez fracasa ante las victimas al no cumplir con la investigación seria que prometió y ante la institución por no conducirse bajo los principios constitucionales y de legalidad.
Quizá esto nos recuerda, que la procuración de justicia es una tarea de alta especialización, que no puede estar sujeta a la improvisación, a la subjetividad y sobre todo a intereses ajenos, por muy loables que sean. Siempre que se sigue el camino equivocado, el único que pierde es la víctima, y la justicia en México desciende otro escalón en su credibilidad ante la sociedad. El Fiscal Especial nunca fue un verdadero Fiscal ni trabajó para la Fiscalía.
Consejero de la Judicatura Federal 2009-2014
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