México y Estados Unidos dieron a conocer el “Entendimiento Bicentenario”, por el cual se concluye la Iniciativa Mérida y se establecen las acciones binacionales en la búsqueda de seguridad, salud y desarrollo. Sin duda, es una buena noticia para nuestro país. La historia de los últimos 200 años nos ha enseñado que los norteamericanos no tienen amigos, tienen intereses y que jamás dan nada gratis. El discurso norteamericano es el mismo que escuchamos previo a la firma del Plan Colombia, del Plan Mérida y ahora con la presentación de este nuevo Entendimiento.

Es preocupante que en el Entendimiento se proponga el establecimiento de métricas e índices para evaluar los avances, porque probablemente, como ha sido en otros programas, será su Congreso el que certifique y autorice la aplicación de los recursos para los proyectos sociales.

Los Estados Unidos tienen que aceptar que hemos alcanzado la mayoría de edad, que estamos transformando nuestras instituciones y combatiendo la corrupción, deben tratarnos como verdaderos socios, de igual a igual, como países que están en un proceso de integración comercial y social cada vez más amplio y aceptar que, si algunas de nuestras instituciones requieren desarrollarse para alcanzar el mismo nivel que las suyas, esto se puede lograr con un proceso de nivelación como se ha hecho en la UE.

Para que el Entendimiento se traduzca en acciones concretas, los norteamericanos deberán aceptar que nuestras instituciones pueden enfrentar y enjuiciar a los criminales transfronterizos, así como reconocer que la gran mayoría de nuestras autoridades, militares, jueces, fiscales y policías son gente honorable y capaz. Por nuestra parte, debemos deshacernos de atavismos y prejuicios sobre la soberanía aislacionista. Como dos países en un irreversible proceso de integración, esperamos que se formulen propuestas innovadoras, modernas, ágiles y efectivas contra la criminalidad internacional y los delitos transfronterizos.

La UE ha puesto el ejemplo, sin afectar su soberanía, están enfrentando sus problemas de seguridad transfronteriza, mediante legislaciones comunes y un Sistema de Justicia Penal Europeo que incluye a la Fiscalía y a la Policía.

La Agencia de Cooperación en materia de Justicia Penal, tiene como función coordinar investigaciones y diligencias judiciales; contribuye a resolver conflictos de jurisdicción; facilita la aplicación de órdenes de detención y de aseguramiento precautorio; otorga financiamiento y capacita a los grupos de investigación, todo ello dentro del marco del Programa de Seguridad Europeo. Cuenta con la Fiscalía Europea, que investiga y persigue delitos en los Estados miembros participantes de forma independiente de las autoridades nacionales.

Este sistema tiene que estar en la mesa de discusión. Implica replantear la política criminal, particularmente aquella relacionada con la delincuencia organizada y los delitos que afectan a México y Estados Unidos, mediante la definición de una competencia y jurisdicción penal especial que permita investigar y juzgar de manera conjunta. No se pueden esperar resultados diferentes haciendo lo mismo, ambos países deben aceptar la naturaleza trasfronteriza de los delitos, modernizar su legislación y crear instituciones binacionales adecuadas al desafío, de lo contrario la criminalidad seguirá avanzando.

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