El primer informe de Gobierno y diversos estudios realizados por organizaciones de la sociedad civil, refieren que los niveles de violencia, medidos en homicidios cometidos por cada cien mil habitantes y otros delitos de alto impacto, atribuibles a la delincuencia organizada, mantienen una tendencia al alza, además que la corrupción ha penetrado en todos los niveles de gobierno, y ha involucrado a la sociedad en su conjunto, desde grandes empresarios, profesionistas convertidos en factureros y hasta sencillos trabajadores, todos vinculados por una red mucho más amplia y profunda de lo que se podía suponer.
Hemos observado con tristeza cómo en el mundo la imagen de los mexicanos empieza a asociarse con la imagen difundida de los conocidos narcotraficantes como “El Chapo” Guzmán. El gobierno de los Estados Unidos se ha encargado de difundir con todo detalle la imagen de narcotraficantes mexicanos, asumiéndose como su persecutor y castigador. Sin embargo, nada han dicho de organizaciones estadounidenses como la familia “Sackler”, que ahora enfrenta miles de demandas, señalándola como una de las grandes distribuidoras de opiáceos en Estados Unidos.
Como lo ha afirmado mi maestro, el doctor Samuel González, las organizaciones de criminalidad organizada se sostienen por un trípode conformado por la violencia, la corrupción y la obstrucción de la justicia. La violencia la utilizan para someter a sus miembros y controlar los mercados, imponiendo terror a la población y amedrentando a sus grupos rivales; la corrupción es el medio idóneo, en el cual los grupos internacionales de criminalidad nacen, crecen y se desarrollan. La obstrucción de la justicia, que involucra desde el policía de barrio hasta los jueces y magistrados, evita que el Estado cumpla con su función de enfrentar, perseguir y sancionar a esos grupos criminales. Los índices de violencia y corrupción que tanto nos preocupan reflejan principalmente la gran penetración que está teniendo el crimen organizado en nuestra sociedad.
Los mexicanos no somos un pueblo corrupto ni de delincuentes, somos un pueblo honesto y trabajador, afectado por una grave enfermedad que se llama crimen organizado. Así, resulta evidente que la parte que está faltando en la lucha por recuperar la paz y seguridad a la que todos tenemos derecho, es la que corresponde a la sociedad civil, por lo que se requiere su pleno compromiso e involucramiento en esta lucha.
Nuestro presidente tiene claros los objetivos de recuperar la paz y la seguridad para los mexicanos, y los caminos para alcanzarlos, por lo que todos los días a primera hora le da seguimiento al tema confiriéndole la máxima prioridad, apoyado por nuestras fuerzas armadas que incondicionalmente y aún en muchos casos en contra de su propia naturaleza, enfrentan a esos grupos criminales, siempre con pleno respeto a sus derechos humanos. Apoyan también al presidente la naciente Guardia Nacional que es el tipo de policía que nos da esperanzas.
Además del involucramiento de las autoridades locales, es indispensable que la sociedad asuma consciencia del país en el que estamos viviendo. En el hogar, previniendo las adicciones, sembrando valores en nuestros hijos y afuera, denunciando, aún anónimamente, los delitos de los que tengan conocimiento, aislando a los delincuentes, negándose a participar en cualquier acto que implique corrupción, pero, sobre todo, respetando la ley.
La historia ha demostrado que los criminales pueden ser enfrentados si la sociedad en su conjunto colabora con las autoridades, los denuncia y decide cerrarle los espacios. Así sucedió en la Italia y en Colombia a finales del siglo pasado. Aprovechemos el liderazgo del presidente López Obrador y la confianza que el pueblo tiene en él, así como el impulso que genera la creación de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, para despertar a la sociedad. Decidamos hacer nuestra parte para recuperar la paz y seguridad, creando un movimiento social en el cual se confíe en las autoridades, que la denuncia y la colaboración ciudadana sean una realidad que termine con las cifras negras de delitos y la impunidad.
Exconsejero de la Judicatura Federal
