En la entrega anterior analizamos las diferencias entre la reforma judicial propuesta por el presidente Biden y la iniciativa presentada por el presidente López Obrador. A pesar de la similitud en los problemas de las cortes supremas, las soluciones propuestas varían significativamente, con enfoques y repercusiones diferentes para el poder judicial.
En Estados Unidos, a excepción de la Corte Suprema, el sistema judicial es altamente valorado por la ciudadanía, mientras que en nuestro país la percepción es distinta, lo que ha llevado a proponer que todos los jueces sean electos por voto popular. El objetivo de esta disposición es fomentar la implicación de la ciudadanía en el proceso judicial, aunque existe el riesgo de que politice más el sistema de justicia en lugar de promover una auténtica participación ciudadana.
Lo que realmente garantiza la participación ciudadana es el sistema de jurado popular, una institución fundamental en el sistema judicial estadounidense, arraigada en la tradición del derecho común inglés y protegida por su Constitución.
El jurado debe ser imparcial y representativo de la comunidad, asegurando diversas perspectivas en el proceso de toma de decisiones, lo cual es esencial para mantener la confianza pública en el sistema judicial. El sistema de jurados introduce un control democrático en la administración de justicia, actuando como un contrapeso al poder judicial y garantizando decisiones que reflejen los valores de la comunidad.
Hasta finales de los setenta, el sistema judicial mexicano contó con jurados populares, inspirados en modelos extranjeros como el estadounidense y el francés. La Constitución de 1857 estableció el derecho a un juicio por jurado para ciertos delitos graves, aunque su aplicación fue esporádica debido a la inestabilidad política. El Código de Procedimientos Penales de 1931 también hacía referencia a los jurados populares.
El sistema de jurados en México operaba principalmente para casos criminales graves y delitos políticos, seleccionando a los jurados entre ciudadanos comunes que cumplían ciertos requisitos. En la década de los setenta, las reformas judiciales eliminaron la obligatoriedad del juicio por jurado.
En el marco de la reforma jurídica en México, es crucial implementar medidas que incrementen la participación ciudadana y garanticen tanto la transparencia como la legitimidad del sistema judicial. Se sugiere, sobre la elección directa de jueces, restablecer el uso de jurados populares como una modalidad efectiva para la implicación y supervisión ciudadana en el ámbito judicial. Esta estrategia no solamente aporta al procedimiento judicial puntos de vista variados procedentes de la ciudadanía, sino que también equilibra el poder judicial y eleva la confianza de la población en la impartición de justicia.
La reincorporación de los jurados populares en México representa una oportunidad para fortalecer la democracia y la justicia en el país. Este enfoque mejora la representatividad y la imparcialidad del sistema judicial, aumenta la transparencia y la confianza pública en las instituciones judiciales. Al retomar esta práctica histórica y adaptarla a contextos contemporáneos, México puede avanzar hacia un sistema de justicia más equitativo y participativo, arraigado en los principios de la democracia y el estado de derecho.