La tasa de impunidad en México supera el 95%. Su magnitud, combinada con el crecimiento del crimen organizado, la violencia homicida, la modificación convencional de los criterios de prisión preventiva oficiosa y el arraigo, así como la desaparición efectiva del estado de derecho, plantea serias preguntas sobre la salud de nuestra justicia penal.
De acuerdo con el CNIJE en 2021, los PJ estatales reportaron 82,724 personas Imputadas, el 88.3% fueron vinculadas a proceso. Con respecto a 2020 el incremento de personas vinculadas fue del 14.0 %. Pero eso no provoca que disminuya la impunidad. Es necesario hacer los ajustes al sistema penal pata tener menos vinculaciones a proceso y más sentencias condenatorias.
Se ha sugerido que la corrupción y la posible colusión de algunos jueces penales que liberan a los delincuentes, así como la falta de formación adecuada para muchos de quienes aplican el sistema acusatorio adversarial, son factores determinantes. Sin embargo, se debe precisar que algunos jueces pueden estar cooptados, amenazados por organizaciones criminales o responder a intereses ajenos a su función, son unos cuantos, frente a una mayoría honesta y capaz. Los PJ como tales, no son responsables de la impunidad, la violencia y la ilegalidad que azotan a nuestra sociedad.
Los jueces no están sujetos a la evaluación del pueblo ni se autoevalúan; no pueden ser sancionados en las urnas como otros servidores públicos. Así es debido a la carrera, especialización y experiencia que requiere su función. Para que la ciudadanía pueda valorar su trabajo, es esencial que este poder del Estado se abra más al escrutinio público, garantice una mayor transparencia y rinda cuentas de manera efectiva a la sociedad. Para acercar al PJ a la ciudadanía se había pugnado para que las resoluciones judiciales se redacten de manera sencilla y en lenguaje menos técnico para que cualquier persona lo pueda comprender, ese esfuerzo debe continuar. Es evidente que los PJ de los estados requieren de apoyo, recursos y respeto a su autonomía. México tiene cuatro veces menos jueces por cada cien mil habitantes que el promedio mundial.
En relación con la liberación de numerosos delincuentes peligrosos, es crucial examinar las distorsiones que ha sufrido nuestro sistema de justicia penal. El proceso criminal se ha desequilibrado a favor de los procesados después de vinculados, de manera que cualquier acusación anónima y pruebas mínimas pueden iniciar un juicio con el imputado privado de su libertad. Sin embargo, por el principio acotado de contradicción y de igualdad de armas, resulta difícil para la fiscalía aportar pruebas suficientes para justificar la culpabilidad del acusado, por lo que los jueces deberán absolver. Por los principios constitucionales, criterios de la CIDH y, jurisprudenciales y del sistema mismo, los juzgadores deben privilegiar los derechos procesales de los imputados sobre los derechos fundamentales de las víctimas, absolviendo por violaciones al proceso a delincuentes confesos.
Nuestro sistema de justicia penal está en crisis. Es urgente emprender un esfuerzo concertado para abordar los desequilibrios e incongruencias en nuestro procedimiento penal. Esto implica capacitar a todos los operadores del sistema, hacerlo accesible para todos y asignarle más recursos para mejorar sus capacidades y rendimiento.