El crimen organizado en México ha infiltrado la economía formal mediante sofisticadas estrategias para lavar dinero, adquirir bienes y financiar actividades ilícitas. Esta infiltración permite a los grupos criminales expandir sus operaciones. El fortalecimiento de la operación económica del crimen organizado está directamente relacionada con el incremento de la violencia en México. Los recursos financieros obtenidos de actividades ilícitas se traducen en capacidad de fuego y poder corruptor, permitiendo adquirir armas, sobornar funcionarios y mantener estructuras operativas que perpetúan el terror en comunidades.

La Dra. Claudia Sheinbaum, próxima Presidenta de México, deberá aprovechar su legitimidad para formular una propuesta integral y convocar a la ciudadanía a enfrentar el poder económico de los cárteles para recuperar la paz, reducir la violencia, fortalecer el estado de derecho, apoyar la economía formal y promover el nearshoring.

Actualizar y fortalecer el marco legal es crucial. Se debe promover la armonización de las leyes nacionales con los estándares internacionales en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, como señala el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Asimismo, es necesario incrementar las sanciones contra el lavado de dinero y mejorar la capacidad de las autoridades para congelar y confiscar activos vinculados a actividades ilícitas.

La creación de unidades especializadas dentro de las fiscalías federales y estatales, dedicadas a la investigación y persecución del lavado de dinero, es esencial. La cooperación entre diferentes niveles de gobierno y organismos internacionales es clave para combatir las redes transnacionales del crimen organizado. Los acuerdos bilaterales y multilaterales pueden facilitar la recuperación de activos en el extranjero.

Es fundamental implementar medidas que aseguren la transparencia en las transacciones económicas y la rendición de cuentas de las autoridades. Esto incluye la creación de registros públicos de beneficiarios finales de empresas, la obligación de reportar transacciones sospechosas y auditorías regulares e independientes. La transparencia es crucial para prevenir que el crimen organizado utilice empresas fachada para lavar dinero.

La participación activa de la sociedad es esencial. Se deben realizar campañas educativas para concienciar sobre los peligros del lavado de dinero y la cooperación con las autoridades. Además, crear mecanismos de denuncia anónima para facilitar la identificación y reporte de actividades sospechosas. El sector privado debe ser un aliado clave, implementando políticas de cumplimiento robustas y colaborando con las autoridades.

Enfrentar la infiltración del crimen organizado en la economía formal de México requiere una propuesta integral y urgente. La próxima administración debe impulsar un esfuerzo coordinado que movilice a toda la sociedad, fomentando la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia social. Es indispensable adoptar un enfoque multidimensional que integre medidas legislativas, operativas y preventivas, así como la cooperación internacional y el uso de tecnología avanzada para desarticular las estructuras financieras del crimen organizado. Solo mediante un esfuerzo colectivo se podrá lograr un México más seguro, justo y próspero.

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