Es inminente la aprobación de la Ley Federal que regulará en nuestro País el consumo, la producción y comercialización de la marihuana y de sus derivados. Como parte de ese proceso, el Senado a través del Instituto Belisario Domínguez realizó una encuesta entre la población, que arrojó resultados divididos, dejando claro que no hay consenso en favor de la legalización.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, destaca en su reporte anual que, en nuestro País en los últimos 14 años, el consumo de drogas ha aumentado más de 800%, principalmente en metanfetaminas, sin que se hayan implementado programas exitosos de prevención y rehabilitación. En fecha reciente, el General Glen VanHerck, Jefe del Comando Norte de Estados Unidos, reveló que, de acuerdo con su información, un tercio del territorio nacional estaría controlado por la delincuencia organizada, lo que consideran una amenaza.
Es importante que el legislativo nos diga cómo el Estado va a regular el mercado de la marihuana, actualmente en manos de la delincuencia. Es evidente que tras el movimiento prolegalización hay grandes intereses económicos que chocarán con los intereses del crimen organizado, y pedirán la protección del Estado mexicano frente a la delinciuencia que según los norteamericanos controla un tercio del País. Deben considerar que antes del derecho de unos cuántos al uso lúdico y, desarrollar así libremente su personalidad, del cannabis, está el ejercicio mínimo de los derechos fundamentales a la vida y a la libertad del resto de la población.
El incremento del consumo de las drogas entre nuestros jóvenes es real, como también lo es, el control de los grupos de la delincuencia organizada y su poder corruptor magnificado con motivo de las próximas elecciones. La delincuencia no va a renunciar a un mercado de más de diez mil millones de dólares, seguirán disputando violentamente los puntos de distribución.
No existe claridad de quien proveerá al mercado inicial, se habla de varios tipos de licencias, de inversiones importantes en infraestructura, de un banco de semillas, de la autoproducción y de la participación de las comunidades indígenas. De ahí la necesidad de observar antes de su aprobación la factibilidad de la ley propuesta frente a la regulación vigente y la problemática del país.
Nada más falso que creer que el tema se circunscribe a los centros de consumo controlados, la distribución regulada y la auto-produción y que esto provocará en automático la disminución de la violencia. Debemos debatir la problemática, porque de no hacerlo estarémos destinados a enfrentar una delincuencia organizada todavía más fortalecida, y legitimada, a una juventud sin alternativas, a un gobierno coactado, a nuevas formas delictivas y a un vecino beligerante que pretenderá establecer controles y medidas de coacción que afecten a nuestra soberanía.
En California, dos empresarios fueron encontrados culpables de fraude bancario por ocultar transacciones de marihuana en internet por $150 millones de dólares; no obstante que esas autoridades sí regulan el mercado. El futuro del país lo estamos hipotecando al optar por escuchar solo a los encantadores de una presunta “modernidad” que disfraza sus verdaderos y perversos intereses. Abramos un auténtico debate, no solo legitimemos la eventual aprobación de la ley. Todos somos responsables.
