Los delitos cometidos con violencia sexual han aumentado en el país, su contención es una prioridad para las autoridades. Nuestros Legisladores han elaborado diversas iniciativas para enfrentar esta situación mediante el incremento de penas y la promoción de la imprescriptibilidad.
El 29 de abril el Senado de la República aprobó y envió a la Cámara baja la iniciativa por la que los delitos de violencia y explotación sexual se considerarían imprescriptibles. La imprescriptibilidad solo se aplicaría a delitos que se cometan a partir de la vigencia de esa reforma, con efecto una vez que transcurra el plazo necesario para que operara la prescripción. Dicha medida legislativa es insuficiente para inhibir la comisión de tales delitos.
El antecedente de la imprescriptibilidad en delitos de alto impacto lo encontramos en la declaración que formuló la Corte Penal Internacional recogida en tratados internacionales y legislaciones nacionales respecto de delitos de lesa humanidad; consideró que el abuso del poder público y el empleo de los instrumentos del Estado para eliminar grupos nacionales indefensos, hacen que el efecto disuasorio de la sanción no opere mientras el agente del delito disponga de los recursos del Estado, y en ese caso y por tratarse de un grupo nacional, su derecho a la justicia y al principio de no repetición pese más que la garantía de seguridad jurídica de los acusados.
En el caso mexicano, el legislador pretende compensar la ineficiencia de las autoridades locales de procuración e impartición de justicia, sin embargo podría provocar un grave perjuicio. Por su naturaleza esta clase de delitos son de comisión furtiva y con pocos elementos de prueba más allá de la prueba circunstancial, la declaración de la víctima y en algunos casos las periciales. La posibilidad de juzgar a un delincuente dentro de 20 o 30 años con esos elementos probatorios, puede resultar muy complicado y ocasionar abusos. Las víctimas de ese delito deben tener inmediatamente la protección del Estado, generando la confianza necesaria para que denuncien y obtengan respuesta a su demanda de justicia.
Además, la autoridad podría iniciar y culminar la investigación en cualquier momento, sin que esto impacte en la contención de esos delitos. El delincuente confiará más en la impunidad, que también es permanente, y no en la imprescriptibilidad de su delito, lo que desalienta a las víctimas para denunciar.
Para enfrentar esa problemática se requiere implementar una política criminal integral y transversal, abarcar acciones preventivas y disuasivas, deben existir policías, fiscales y jueces capacitados en violencia sexual y de género, que investiguen, persigan y juzguen con una verdadera perspectiva de género, que produzca un auténtico efecto de emparejamiento, por lo menos en el procedimiento criminal.
Bien hacen los legisladores por buscar soluciones a esta problemática, sin embargo, es necesario cambiar la perspectiva de la solución que se propone. Reitero que no es el camino real y de fondo para combatir este tipo de ilícitos. Se requiere un cambio de paradigma y adoptar una visión de género en todos los quehaceres en la vida de los ciudadanos.
Consejero de la Judicatura. 2009-2014
