El incremento en el uso de criptomonedas en los últimos años, corresponde a muchos factores; algunos tecnológicos y financieros, pero otros, son delictivos. Tan solo los cárteles mexicanos “lavan” aproximadamente 25 mil millones de dólares anuales a través de este instrumento financiero. Las transacciones realizadas con criptoactivos sólo requieren identidades digitales, por lo que se ignora si los flujos pueden provenir de ilícitos, como la corrupción, armas y terrorismo. En nuestro País existen más de 2 millones de usuarios que realizan transacciones cuantiosas diariamente, 3400 son personas morales.
En 2018, se publicó la Ley Fintech , para imponer a las instituciones financieras el principio de debida diligencia que incluye la identificación del cliente y de los beneficiarios finales. También se actualizó la recomendación 15 “Nuevas Tecnologías” del GAFI, para aclarar su aplicación a las actividades de Activos Virtuales y a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
Para prevenir los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo , es indispensable aplicar un enfoque basado en riesgo, e implementar un sistema de comunicación regular y dinámico entre los sectores público y privado que sin duda fortalecería la efectividad. Se debe identificar el origen y el destino del recurso, solo así, podrá combatirse esta nueva forma de evadir los controles estatales.
El problema no es el uso de las criptomonedas, sino que se usen por la DO para financiar sus operaciones ilícitas, no solo de la droga, sino también de tráfico de personas y armas, cuyo mercado requiere del flujo permanente de activos a nivel internacional y que ocasionan gran parte de la ola de violencia que padecemos. Las preguntas que debemos respondernos son, ¿si los grupos criminales pretenden el control político del País y si pretenden apropiarse de los dineros públicos? y ¿si en ese universo digital en el que se mueven los AV, están tratando de relacionarse los grupos terroristas con los narcotraficantes?
El combate al lavado de dinero sigue siendo un reto para EUA y México, urge mejor cooperación para enjuiciar a los criminales e incautar sus bienes, con debida diligencia, claro ejemplo es el caso AlphaBay, el mercado negro en la red más grande desmantelado por las autoridades en 2017, usado para comprar y vender drogas ilegales y armas, entre otras cosas, utilizando AV como medio de pago. El gobierno de EUA, con la ayuda de contrapartes extranjeras, arrestó al administrador y, confiscó los activos del mercado, que representaron el producto ilegal de la empresa criminal.
Esta es la asignatura a la que debemos darle énfasis. No sabemos cuánto de ese dinero blanqueado en el ciberespacio esté ingresando a nuestra economía formal, mediante prestanombres, o por medio de sociedades de inversión que inyectan capital a negocios lícitos. Ese dinero puede distorsionar nuestro desarrollo y provocar que los criminales controlen la economía nacional. Esta es una tarea del Gobierno y de la sociedad civil, principalmente la empresarial, que deben cerrarle los espacios a la delincuencia y simplemente no haciendo negocios con personas cuyo patrimonio no sea justificable. Nuestras autoridades requieren hacer investigaciones efectivas mediante las cuales empleen todas las herramientas internacionales y los recursos investigativos de que dispone el Estado.
