El reciente Decreto 111, emitido en Ecuador, declara la existencia de un conflicto armado interno, marcando un punto crucial en la historia contemporánea del país. Esta medida gubernamental responde a una creciente ola de violencia y a la expansión del crimen organizado, desafíos que han comprometido gravemente la seguridad y estabilidad del Estado. La ineficacia de las políticas públicas de seguridad y el deterioro del sistema penitenciario, junto con el fortalecimiento de grupos criminales, han exacerbado esta crisis.
El presidente Daniel Noboa, enfrentando esta situación crítica, emitió el Decreto con el objetivo de recuperar el control territorial y reafirmar la soberanía del Estado. Este paso se tomó como una reacción directa a actos de violencia significativos, incluido el asalto a una estación de televisión, lo que subraya la magnitud de la amenaza a la estabilidad estatal.
El decreto reconoce oficialmente un conflicto armado interno en el país, fundamentándose en informes técnicos y normativas aplicables. La justificación para esta declaración radica en la actividad de grupos armados no estatales que perpetran actos de violencia sistemáticos, representando una amenaza directa a la soberanía y la integridad territorial de Ecuador. Desde una perspectiva jurídica, el decreto se sustenta en el derecho internacional humanitario y en una serie de acuerdos internacionales. Estos incluyen las Convenciones de Ginebra de 1949, la Resolución para la Cooperación Hemisférica en la Lucha contra el Terrorismo y la Resolución 1296 del Consejo de Seguridad de la ONU.
En respuesta a esta situación, el decreto ordena a las Fuerzas Armadas de Ecuador ejecutar operaciones militares, con el mandato explícito de respetar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Se ha identificado a varios grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes, lo que indica un enfoque específico en la lucha contra estas entidades. Esta decisión subraya la importancia de proteger a la población civil, incluso en medio de un conflicto armado complejo y multifacético.
El documento concluye destacando la severidad de la crisis de seguridad que enfrenta Ecuador y la transformación en la estrategia estatal frente al crimen organizado y el terrorismo. Se plantea el desafío de equilibrar la respuesta militar con el respeto a los derechos humanos y las obligaciones internacionales. La importancia de monitorear continuamente la evolución de esta estrategia y su impacto en la sociedad ecuatoriana se vuelve crucial, teniendo en cuenta el contexto dinámico y los desafíos sin precedentes que enfrenta el país.
La declaración de terroristas que para los cárteles mexicanos pretenden efectuar algunos legisladores norteamericanos, sería la emisión de una ley de EUA con aplicación y efectos extraterritoriales, mientras que la declaración prevista en el decreto ecuatoriano se fundamentó en el Derecho Internacional. En el contexto mexicano, sociedad y gobierno en todos sus niveles, debemos establecer como prioritaria la lucha en contra de la DO y actualizar la legislación y normativa que la reglamenta. También se requiere una adecuada legislación sobre la Seguridad Interior del País y sus amenazas, con lo que se establecerá un marco de actuación adecuado para nuestras Fuerzas Armadas.