El proceso penal acusatorio tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, que el culpable no quede impune y que se reparen los daños causados. En la investigación de cualquier hecho con apariencia de delito se debe buscar la verdad legal con respeto a los derechos humanos y, por parte de las autoridades de primer contacto, su actuación requiere ser profesional. El Policía Primer Respondiente asume la función de intervenir primero ante un posible hecho delictivo con la finalidad de preservar el lugar de los hechos y los vestigios del delito, proteger a las víctimas e implementar una cadena de custodia. La actuación de las policías en muchos casos, no responde a las obligaciones constitucionales.
La preservación de la escena del crímen requiere el seguimiento de protocolos que cuando no son observados, provocan violaciones a DH y contaminan las investigaciones, que al momento de judicializar los casos generan impunidad y frustración en las víctimas, al quedar en libertad o sin ningún castigo verdaderos delincuentes voluntariosos de volver a delinquir ante la falta de sanción.
Las policías deben tener la capacidad de actuar rápidamente, para proceder a una detención en flagrancia o detención urgente, conocer los mecanismos de coordinación con otras autoridades que deben coadyuvar, identificar a los testigos del hecho para su posterior entrevista, entre muchas otras responsabilidades. Es una actuación compleja que solamente se puede ir perfeccionando por medio del entrenamiento técnico y permanente de sus actores.
Las debilidades institucionales de las policías, que son de carácter estructural están afectando la operación del sistema. Como una materia de competencia concurrente pueden acudir como primer respondiente, policías municipales, estatales, GN e inclusive las Fuerzas Armadas de acuerdo con la reciente reforma constituicional. Las policías municipales como policías de proximidad, con sus niveles salariales y
poca preparación, sobra decir la impunidad que están provocando y respecto de las FA, se vuelve fundamental la capacitación que reciban.
Los primeros respondientes deben ser capacitados con el conocimiento y los criterios judiciales que ya se tienen, y ese debe ser el principal insumo para trabajar. El PJF es la última instancia en la materia, tiene la experiencia, ha generado los criterios y el conocimiento técnico que se necesita. Con la SEDENA y la SEMAR se inició este camino mediante los conversatorios que se efectuaron por la Unidad de Implementación responsable del tema en el CJF, fue un excelente ejercicio que debiera replicarse con todas las policías. Es un esfuerzo institucional que vale la pena continuar.
Para reducir los niveles de impunidad en nuestro País, se requiere incrementar y perfeccionar la investigación criminal. México necesita de policías no solo honestos, sino investigadores preparados para responder ante los retos que les impone la delincuencia. Como lo están haciendo las FA, todas las policías del País deberían estar siendo capacitadas por el PJF como primer respondiente y en el llenado del informe policial homologado. Es un tema de voluntad institucional principalmente de los ejecutivos estatales. Estoy cierto que la poseen nuestras autoridades, solo debemos encausarla por el camino correcto. No a la improvisación.
