La mafia italiana cuenta con un brazo que trabaja de manera violenta en las calles y otro para infiltrar las instituciones públicas. Así han logrado que sus miembros ocupen cargos en legislaturas, gobiernos y juzgados, consolidando su poder criminal. Es sabido que la economía italiana depende en cierta medida del capital ilícito de la DO. Muchos medios de comunicación han hecho verdadera apología criminal de las mafias, lo que les ha permitido ocupar espacios desatendidos por el estado; en la pobreza encuentran la oportunidad para cooptar personas.
En Colombia, Pablo Escobar logró poder e influencia política; fue parlamentario. Con dádivas, programas de vivienda y apoyo a desposeídos consiguió un gran respaldo popular y tuvo la capacidad de influir en las elecciones. Adquirió poder corruptor y su base social lo apoyaba.
En México, los acontecimientos de Chilpancingo nos alertan de la necesidad de actuar en forma urgente. No debe justificarse la presencia pública de grupos criminales bajo el pretexto del reclamo de demandas sociales. El que se utilice a la sociedad y pretenda legitimar acciones delincuenciales normalizando su presencia en la vida pública, es solo el comienzo de su verdadera pretensión como sucedió en Italia y Colombia.
Para enfrentar este problema, en primer término, debemos reconocer que estamos ante el crimen organizado y que no puede ser combatido con estrategias para mejorar la seguridad pública; no basta perseguirlo con policías o soldados, se requiere de fiscales que investiguen y jueces especializados que apliquen la legislación y rompan las estructuras criminales. En segundo término, necesitamos reconocer que, por la manera en que operan, son una amenaza para el Estado, ya que pretenden adueñarse del poder económico y político. Como tercer punto, es imperativo combatir la impunidad y la corrupción, tenemos que llevar a los delincuentes ante la justicia.
No existen soluciones mágicas; sin importar ideologías o grupos requerimos de los liderazgos nacionales que afortunadamente todavía tenemos. El Presidente de la República, en su carácter de Jefe de Estado es quien nos debe convocar a un gran acuerdo, que involucre a todos los niveles de gobierno y a la sociedad civil, para comprometernos a respetar la ley; adoptando la cultura de la legalidad como la forma de vida de todos los mexicanos. Se debe fomentar la denuncia y la investigación penal para terminar con la impunidad.
Que los grupos criminales busquen contar con una base social y amenacen los procesos electorales, que incrementen sus luchas y confrontaciones por dominar territorios, radicalizando su proceder violento para controlar la economía formal, constituye una verdadera afrenta al Estado mexicano. Los criminales evolucionaron de una pandilla de narcotraficantes a verdaderas entidades de DO trasnacional, que persiguen el poder económico, el político y el control territorial para incrementar sus ganancias.
Si llegan a interferir en el próximo proceso electoral y continúan penetrando en la actividad económica regular del país, corremos el riesgo de ser vistos en el mundo como un narco-estado. En el mes de octubre iniciarán los procesos electorales, oportunidad que la DO seguramente no querrá desaprovechar particularmente en el ámbito local. Juntos, todavía tenemos la capacidad de afrontar esta amenaza. No la desperdiciemos.
Consejero de la Judicatura Federal 2009-2014
